LA PAZ.—El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, la instancia judicial más alta del país, ha confirmado la sentencia de 10 años de prisión para la exmandataria interina Jeanine Áñez (2019-2020) por su asunción de la Presidencia interina en 2019, según confirmó este viernes (22 de diciembre de 2023) la defensa de la exautoridad.
El abogado Luis Guillén, uno de los defensores de Áñez, informó que «efectivamente, el Tribunal Supremo de Justicia ha ratificado la sentencia dictada contra la exmandataria».
Guillén señaló que, dentro del marco jurídico nacional, esta fue «la última instancia» a la que se podía apelar para anular la condena, aunque aún existen «diversos recursos disponibles, como una revisión extraordinaria de la sentencia y amparos contra la misma resolución«.
El abogado expresó que el equipo legal evaluará «las opciones más viables» para continuar defendiendo a la expresidenta, aunque considera que «lo más adecuado sería recurrir a instancias internacionales».
En el auto supremo judicial, difundido por algunos medios locales, la Sala Plena del TSJ declaró «infundado» el recurso de casación presentado meses atrás por la defensa de Áñez para tratar de anular la sentencia impuesta el año pasado.
En junio de 2022, la Justicia determinó una condena de 10 años de cárcel para la expresidenta interina en el caso conocido como «golpe de Estado II», donde la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno (Interior) la acusaron de haber asumido indebidamente la Presidencia durante la crisis política de 2019.
La defensa de Áñez argumentó que ella accedió a la Presidencia en su calidad de segunda vicepresidenta del Senado debido al «vacío de poder» tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
Áñez ha estado bajo detención preventiva en una cárcel en La Paz desde marzo de 2021 por otro caso conocido como «golpe de Estado I», acusada de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, también relacionados con la crisis de 2019.
El oficialismo afirma que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que llevaron a su renuncia fueron debido a un fraude electoral a su favor en los comicios anulados de ese año.
Guillén destacó que el auto supremo del TSJ «llama la atención porque decide no abordar varios aspectos, como el vacío de poder existente al momento de la asunción de la Presidencia por parte de la exmandataria».
Según el abogado, el fallo se limitó a mencionar que el proceso de renuncia de las autoridades debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, «pero esto en circunstancias en las que el Estado esté funcionando normalmente», lo que no sucedió durante la crisis de 2019.
«Por ahora, vemos que es una sentencia que vulnera los derechos y no se ajusta a nuestros principios jurídicos», añadió.
