LIMA.—La Fiscal General de Perú, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, acusándola del presunto delito de homicidio en relación con la represión de protestas que se suscitaron tras su asunción al poder hace un año, eventos que se cobraron la vida de más de 50 personas.

En una declaración televisada, Benavides informó sobre la formulación de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte, presidenta de la República, y Luis Alberto Otárola, primer ministro. Esta acusación, de ser admitida, podría llevar a la destitución de la presidenta.

Estos acontecimientos surgen en un momento de agudos cuestionamientos internos hacia la gestión de la fiscal, incluyendo pedidos de renuncia provenientes de altos magistrados del Ministerio Público.

Benavides, al respecto, hizo hincapié en que no tolerará la pérdida de vidas peruanas ni los abusos de poder, aunque también mencionó que otros fiscales buscan desprestigiarla.

La denuncia contra Boluarte fue activada luego de acusaciones dirigidas a Benavides, quien presuntamente lideraba una red criminal anclada en la cúpula de la fiscalía, siendo acusada de tráfico de influencias con el Congreso y favores políticos.

La Fiscal ha afirmado que no renunciará mientras la Junta Nacional de Justicia evalúe su permanencia en el cargo.

En respuesta, la presidenta peruana calificó la denuncia como una «maniobra política» destinada a desviar la atención de graves acusaciones en contra de la propia fiscal, Patricia Benavides.

Boluarte expresó su sorpresa por la denuncia, destacando que esta surgió después de que se hiciera pública la detención del equipo de asesores de Benavides por supuestos actos de corrupción. Afirmó ser contraria a la corrupción y la impunidad.

La Fiscal, hasta ahora vista como una aliada del gobierno conservador, evitó hacer comentarios directos sobre las acusaciones en su contra y su supuesta responsabilidad en la muerte de manifestantes.

Según la acusación fiscal, los líderes militares y policiales afirmaron que Boluarte estaba informada sobre la represión, a pesar de que ella lo niega.

Para que el Congreso apruebe la denuncia contra la presidenta se requiere un proceso parlamentario que puede extenderse hasta tres meses.

Las protestas antigubernamentales en Perú se desencadenaron el 7 de diciembre, coincidiendo con la asunción de Boluarte a la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo por intentar disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente frustrada. Estas manifestaciones se prolongaron hasta marzo y se cobraron la vida de 54 personas, incluidos seis soldados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que al menos veinte de las víctimas murieron a causa de disparos de las fuerzas militares desplegadas para controlar las protestas.

Actualmente, Castillo permanece en prisión preventiva en Lima, a la espera de la decisión judicial sobre un eventual juicio en su contra.