BOGOTÁ.— Colombia anunció este miércoles la aplicación de un arancel del 35% sobre 14 productos siderúrgicos y metalmecánicos provenientes de países con los que no mantiene acuerdos comerciales vigentes, en una medida orientada a proteger la producción local y corregir distorsiones de precios en el mercado internacional.
La decisión del Gobierno de Gustavo Petro se inscribe en su estrategia de reindustrialización y excluye explícitamente a los socios con tratados de libre comercio, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México y la Unión Europea. Esto implica que las exportaciones europeas —incluidas las españolas— no quedarán alcanzadas por el nuevo gravamen.
Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo defendieron que se trata de una medida “estrictamente focalizada”, diseñada para defender a la industria local frente a un contexto global marcado por sobreoferta y precios deprimidos.
La ministra Diana Marcela Morales sostuvo que no es una restricción comercial sino un mecanismo correctivo para restablecer condiciones de competencia equitativas, en línea con acciones similares adoptadas por decenas de países.
El trasfondo es estructural. Colombia cuenta con una capacidad instalada para producir unas 2,6 millones de toneladas de acero al año, pero actualmente opera en torno a 1,6 millones, lo que evidencia un margen ocioso significativo. A su vez, el sector emplea a más de 50.000 personas, lo que refuerza su relevancia dentro del entramado industrial.
El desequilibrio comercial también pesa en la decisión. En 2025, el país importó productos siderúrgicos por 108,3 millones de euros, con fuerte presencia de China y otros proveedores como Turquía, Rusia, Brasil y Perú, mientras que las exportaciones apenas alcanzaron los 28 millones de euros. Esa brecha es la que el Ejecutivo busca reducir con este giro arancelario.
En términos estratégicos, la medida apunta a ganar tiempo para que la industria local recupere competitividad sin quedar expuesta a lo que el Gobierno considera competencia desleal.
Es, en definitiva, una señal clara: Colombia empieza a endurecer su política comercial en sectores clave mientras intenta reactivar su capacidad industrial subutilizada y recomponer su balanza sectorial.
