BOGOTÁ.—Colombia solicitará a Estados Unidos la extradición de Salvatore Mancuso, uno de los excomandantes de los paramilitares que se desmovilizaron en 2006 y que fue nombrado recientemente por el presidente Gustavo Petro para formar parte de su Gobierno. La noticia fue anunciada por la oficina del consejero presidencial de Paz el miércoles (26.07.2023).

Mancuso ha estado cumpliendo una condena en Estados Unidos desde 2008, después de ser requerido por narcotráfico tras su desarme, como parte del acuerdo que llevó a la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una asociación de escuadrones que lucharon contra las guerrillas.

El 23 de julio, Petro designó a Mancuso, de origen colombo-italiano, como «gestor de paz», es decir, integrante de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la cual sostiene diálogos con diversas agrupaciones ilegales como la guerrilla del ELN y el mayor grupo disidente de las FARC.

La entidad anunció este miércoles que el Gobierno activará los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar la extradición de Salvatore Mancuso a Colombia.

El rol que desempeñará Mancuso, conocido como alias «El Mono», no ha sido especificado por Petro, y no se ha mencionado si recibirá una retribución económica por su labor. La oficina encargada de llevar a cabo la «paz total», la política con la que el mandatario busca poner fin al conflicto armado en el país, afirmó que su presencia en el territorio nacional es imprescindible.

Mancuso, de 58 años, fue extraditado sorpresivamente por decisión del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), sin que se le permitiera aportar información sobre los detalles de la guerra y sin reparar a las víctimas, como lo establecía el acuerdo. Desde prisión, ha amenazado con revelar relaciones sensibles entre el paramilitarismo y líderes políticos y empresariales.

La decisión de Petro ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición, mientras que las familias de las víctimas esperan que su regreso contribuya a esclarecer el paradero de cientos de cadáveres y a conocer la verdad sobre quiénes patrocinaron a los grupos paramilitares.

En mayo, Mancuso ofreció su ayuda en la búsqueda de unos 200 cuerpos de campesinos asesinados por las AUC cerca de Venezuela y sepultados al otro lado de la frontera.

El acuerdo de paz de 2006 establecía un máximo de ocho años de prisión en Colombia para los líderes paramilitares a cambio de su desarme y confesión de crímenes, pero los cabecillas fueron extraditados sin previo aviso. En su lucha contra la insurgencia, los grupos paramilitares sembraron terror con masacres y persiguieron a aquellos que consideraban vinculados a organizaciones de izquierda.