BUENOS AIRES.— En momentos en que la Argentina atraviesa un proceso de reformas económicas encabezado por el presidente Javier Milei, cuyo paquete de medidas incluye la Ley RIGI —un régimen diseñado para atraer capital extranjero con beneficios fiscales extraordinarios—, la provincia de Corrientes enfrenta un entramado mafioso que amenaza con frustrar la llegada de nuevas inversiones.
El caso más resonante salió a la luz a partir de las dudas planteadas por el fondo estadounidense Goldman Venture Capital Inc., interesado en desembolsar capital en la reapertura de un histórico frigorífico correntino.
El socio local del fondo es Carnes Correntinas S.A., que se prepara para reactivar una planta clave para la industria cárnica regional. Sin embargo, el proyecto se topó con una serie de intimidaciones y obstáculos judiciales que levantaron alertas sobre la seguridad jurídica en la provincia.
De acuerdo con directivos de Goldman Venture, el fondo recibió amenazas anónimas de carácter intimidatorio, sumadas a maniobras legales que consideran “sin sustento” pero que buscan frenar la reapertura del frigorífico.
Detrás de estas acciones aparece el nombre de Aldo Hugo Gallo, antiguo operador del establecimiento, con un historial delictivo que incluye causas por estafas y otros delitos económicos. Según fuentes cercanas al proceso, Gallo habría realizado presentaciones judiciales orientadas a entorpecer el ingreso del capital extranjero y a mantener influencia sobre el negocio cárnico de la región.
El frigorífico en cuestión había cerrado hace años tras quedar involucrado en una investigación federal por narcotráfico y lavado de activos, lo que dejó a centenares de trabajadores sin empleo y a la provincia sin uno de sus principales motores productivos.
La intención de reactivarlo, bajo un esquema de inversión extranjera directa y con estrictos controles legales, es vista como un paso clave para reinsertar a Corrientes en el mapa exportador de carnes.
Desde el Gobierno nacional aseguran que la situación está bajo control. Voceros de la Casa Rosada remarcaron que “no se permitirá bajo ningún término que prácticas mafiosas o artilugios judiciales frenen el ingreso de capitales”, en línea con la narrativa oficial de Milei, que busca convertir a la Argentina en un destino atractivo para las grandes inversiones globales.
El proyecto, de concretarse, significaría la creación de más de 1.500 empleos directos e indirectos, además de una fuerte inyección de divisas. Pero también se ha convertido en un test para la credibilidad del RIGI y para la capacidad del Estado de garantizar que las mafias locales no interfieran en la llegada de fondos estratégicos.
Corrientes, así, no solo disputa la reapertura de un frigorífico: libra una batalla más amplia contra los viejos fantasmas de la corrupción y el crimen organizado que, en la sombra, aún buscan condicionar el futuro económico de la provincia y del país.
