BOGOTÁ.— Unas 40.000 personas se vieron obligadas a confinarse en Colombia en el primer semestre de 2026 para proteger su vida en el conflicto armado, denunciaron la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

«Una proporción significativa de los eventos de confinamiento afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes, cuyos territorios presentan mayores niveles de aislamiento, precariedad institucional y dependencia de la movilidad para la subsistencia, lo que agrava el riesgo humanitario y limita la pervivencia cultural», expresó la defensora del pueblo, Iris Marín.

Según los organismos, la fragmentación e intensificación del conflicto armado han provocado un aumento significativo de casos de confinamiento.

Cauca, Chocó, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, Putumayo, Magdalena, Meta y Guanía son los departamentos donde la problemática ha cobrado más fuerza.

En este contexto, los grupos armados ilegales restringen la movilidad y limitan el acceso a derechos básicos de las comunidades afectadas, en hechos que pueden prolongarse durante semanas o meses.

El confinamiento, según los organismos, «pone en riesgo la supervivencia de comunidades enteras, afecta su relación con el territorio, vulnera sus prácticas ancestrales y restringe el ejercicio de los derechos fundamentales a la salud, la educación, la alimentación y la vivienda».

«Estamos frente a un tema que está aumentando, que necesita ser conceptualizado de manera más clara para poder tener acciones contundentes», expresó el representante de Acnur en Colombia, Giovanni Lepri.

La defensora Marín expresó, por su parte, que «si bien se registran esfuerzos por mantener la atención a la población confinada, la respuesta institucional continúa siendo insuficiente, fragmentada y en muchos casos tardía».

Esto ocurre principalmente «en contextos rurales, que es donde más se presenta, y en emergencias recurrentes, lo cual retrasa el restablecimiento efectivo de los derechos».