WASHINGTON.— El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha aprobado una flexibilización limitada de sus sanciones a Venezuela mediante la emisión de tres nuevas licencias generales.
Las medidas autorizan operaciones específicas relacionadas con el bono PDVSA 2020, la aerolínea estatal Conviasa y determinados servicios de telecomunicaciones y correo, aunque la Casa Blanca enfatizó que el marco general de restricciones económicas se mantiene intacto.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló que estas autorizaciones no representan un levantamiento amplio de las sanciones financieras y comerciales vigentes contra el Gobierno venezolano, sino ajustes puntuales para facilitar operaciones técnicas y humanitarias básicas.
La medida de mayor impacto financiero es la emisión de la Licencia General número 5. A partir del 4 de agosto de 2026, se permitirán transacciones financieras, de compra, venta y reestructuración vinculadas al bono PDVSA 2020 al 8,5%.
Este instrumento es especialmente sensible debido a que está respaldado parcialmente por acciones de Citgo, la filial petrolera venezolana y uno de los activos más valiosos del país en el exterior. El Tesoro aclaró que esta decisión no implica una reapertura general de los mercados internacionales de capitales para Venezuela y que cualquier actividad no contemplada explícitamente seguirá prohibida.
La segunda licencia está dirigida a la aerolínea estatal Conviasa, sancionada por Washington desde el año 2020. La nueva orden autoriza las transacciones estrictamente necesarias para garantizar la aeronavegabilidad y la seguridad operacional de su flota.
Bajo este nuevo permiso, la compañía podrá adquirir:
- Repuestos y piezas de recambio.
- Software especializado de navegación y gestión.
- Servicios de inspección técnica y certificaciones internacionales.
El Gobierno estadounidense subrayó que el estatus sancionador global de la aerolínea no ha cambiado, acotando la medida exclusivamente a la seguridad aérea.
La tercera licencia sustituye y actualiza normativas previas con el fin de mantener los canales básicos de comunicación con la población venezolana. La resolución autoriza el intercambio de telecomunicaciones globales, así como el envío y recepción de correspondencia y paquetes hacia, desde y dentro del territorio venezolano bajo un esquema de excepciones específicas.
El Departamento del Tesoro concluyó reiterando que el grueso de las sanciones económicas, comerciales y financieras contra la administración de Caracas sigue plenamente operativo y bajo supervisión estricta.
