BERNA.— Los legisladores de Suiza están analizando una nueva propuesta para suavizar los requisitos de capital que enfrentará UBS. De aprobarse, la iniciativa podría reducir en miles de millones de dólares la carga adicional que el banco debería asumir bajo el proyecto de ley presentado por el Gobierno, según indicaron fuentes consultadas por Reuters.

La legislación enviada al Parlamento en abril busca endurecer la regulación bancaria para evitar una repetición del colapso de Credit Suisse. Para ello, propone que UBS respalde completamente sus filiales extranjeras con capital CET1 (Common Equity Tier 1), considerado el capital de máxima calidad dentro del sistema financiero.

UBS, que tras la adquisición de Credit Suisse en 2023 quedó como el único banco global de Suiza, calificó el plan regulatorio como «extremo».

Según cuatro personas familiarizadas con las discusiones, las nuevas propuestas contemplan que UBS deba respaldar sus subsidiarias internacionales con entre el 70% y el 80% de capital CET1, en lugar del 100% exigido por el Gobierno.

Las fuentes solicitaron permanecer en el anonimato debido al carácter confidencial de las negociaciones.

Tras conocerse la información de Reuters, las acciones de UBS avanzaron un 2% en las primeras operaciones del día y alcanzaron su nivel más alto desde 2008.

Anteriormente, algunos legisladores habían impulsado otra propuesta más flexible, que exigía un respaldo mínimo del 50% en CET1. Esa alternativa también fue debatida durante una extensa audiencia parlamentaria celebrada el mes pasado en Berna, donde altos funcionarios del Gobierno y ejecutivos de UBS defendieron sus posiciones en un encuentro marcado por fuertes tensiones.

Los esfuerzos del Gobierno por imponer mayores requisitos de capital han presionado a la baja la cotización de UBS y generado fricciones entre la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, y la entidad financiera. El debate enfrenta dos preocupaciones: la estabilidad del sistema financiero suizo y la competitividad internacional del banco.

Según estimaciones oficiales, la propuesta original obligaría a UBS a captar aproximadamente u$s 20.000 millones adicionales en capital CET1.

Sin embargo, analistas consultados por Reuters calculan que una exigencia del 80% reduciría esa necesidad a unos u$s 15.000 millones. En tanto, una exigencia del 50% permitiría a UBS mantener prácticamente intactos sus niveles actuales de capital.

Aunque las deliberaciones parlamentarias se mantienen bajo estricta confidencialidad, el CEO de UBS, Sergio Ermotti, reconoció la semana pasada que el banco probablemente sufrirá al menos algún impacto negativo derivado de la reforma regulatoria.

Con el objetivo de preservar la competitividad de UBS, algunos legisladores también buscan permitir una mayor utilización de instrumentos de capital AT1 (Additional Tier 1), que resultan más baratos que el CET1. Sin embargo, el Gobierno considera que este tipo de capital implica mayores riesgos.

Las propuestas actualmente en discusión contemplan distintas combinaciones entre capital CET1 y AT1.

Además, algunos parlamentarios estudian vincular el costo que UBS deberá pagar por acceder al futuro mecanismo estatal de respaldo de liquidez —una red de seguridad diseñada para asistir a bancos sistémicos en situaciones de estrés— con el nivel de capital que mantenga la entidad.

La comisión de la cámara alta encargada del proyecto es vista como relativamente favorable a la postura de UBS, que sostiene que una regulación demasiado costosa perjudicaría tanto a la entidad como a la economía suiza.

No obstante, cuando el proyecto llegue al pleno para su votación más adelante este año, muchos legisladores podrían exigir controles más estrictos sobre el banco. El resultado final dependerá en gran medida de los partidos de centro y de los sectores moderados del Parlamento.

Por ello, diversas fuentes consideran que podría surgir un compromiso intermedio, con una exigencia de respaldo de capital situada entre el 50% y el 100% para las filiales internacionales de UBS, en busca de una propuesta que sea lo suficientemente rigurosa para obtener apoyo legislativo sin afectar excesivamente la competitividad de la entidad.