BUENOS AIRES.-  Una investigación internacional pone bajo análisis presuntas vulnerabilidades de seguridad en uno de los principales nodos energéticos y logísticos de la Argentina. El Puerto de Dock Sud vuelve a quedar en el centro de la escena.

Mientras la Argentina busca consolidar inversiones estratégicas en infraestructura, energía y logística, una investigación de inteligencia corporativa habría identificado presuntas vulnerabilidades en materia de seguridad y protección de instalaciones críticas dentro del área portuaria.

El asunto adquiere una dimensión especialmente sensible porque Dock Sud no constituye simplemente un puerto comercial: el propio Consorcio lo presenta como una infraestructura estratégica para la logística argentina y un nodo relevante para el movimiento de hidrocarburos.

La investigación habría sido impulsada en el marco de un trabajo de evaluación de riesgos solicitado por una empresa energética internacional con casa matriz en Texas y tendría como objetivo determinar la exposición jurídica, operativa, reputacional y de seguridad de determinados activos y operaciones desarrollados en el área.

Una presidenta con fuerte perfil político

La conducción del Consorcio está actualmente en manos de Mónica Edith Litza, abogada y dirigente política de Avellaneda.

Su designación no fue realizada por concurso ni mediante una elección interna del sector privado: el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires la designó como representante provincial en el Consorcio y estableció que ejercería su Presidencia mediante el Decreto 12/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof.

Pero existe otro elemento relevante para comprender el perfil político de la actual titular del organismo. Litza mantiene desde hace años una relación política públicamente documentada con Sergio Massa y el Frente Renovador.

En 2020 fue designada directora de ProyectAR, la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas del Frente Renovador, espacio político liderado por Massa. La propia cobertura de la actividad describió a Litza como directora de la escuela de gobierno de Massa.

Años antes, medios políticos ya identificaban a Litza como una de las dirigentes de Massa en Avellaneda y como una figura que el líder del Frente Renovador impulsaba territorialmente en ese distrito. La relación política también tuvo una expresión institucional concreta: durante 2020, Litza ocupó un cargo de conducción en el Correo Argentino dentro del esquema de funcionarios vinculados al espacio político de Massa.

Sucede que el Consorcio administra una infraestructura estratégica, mantiene relaciones contractuales con operadores privados y participa en decisiones que pueden tener importantes consecuencias económicas.

Por eso, cualquier investigación sobre contrataciones, concesiones, permisos, inversiones, conflictos entre operadores o decisiones administrativas debe poder ser sometida a mecanismos independientes de transparencia y control.

El riesgo potencial aumenta debido a la naturaleza de las actividades desarrolladas en Dock Sud. En una infraestructura de esta naturaleza, una falla de seguridad no constituye únicamente un problema empresarial.

Puede convertirse en un problema de:

• seguridad pública,
• seguridad energética,
• continuidad logística,
• protección ambiental y seguridad nacional.

Por ello, la eventual existencia de vulnerabilidades debería ser evaluada mediante estándares técnicos independientes y no exclusivamente mediante controles internos del propio administrador portuario.

La preocupación tampoco puede analizarse aislada del contexto internacional. Los ataques contra infraestructura energética registrados en distintos escenarios de conflicto durante los últimos años demostraron la vulnerabilidad de refinerías, depósitos de combustible, terminales petroleras y otras instalaciones críticas. Argentina, además, posee antecedentes extremadamente graves vinculados con terrorismo internacional. Los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA constituyen antecedentes que justifican mantener elevados estándares de prevención y protección sobre objetivos estratégicos. Esto no significa afirmar que exista actualmente una amenaza concreta contra Dock Sud. Significa que, ante cualquier indicio de vulnerabilidad, corresponde adoptar una metodología profesional de evaluación de amenazas y riesgos. La investigación corporativa tendría además un segundo eje: el conflicto entre el Consorcio y uno de los operadores instalados dentro del puerto. Según documentación que estaría siendo analizada, determinadas actuaciones administrativas podrían haber sido utilizadas para modificar o afectar la posición de un operador privado. La investigación buscaría establecer si las decisiones administrativas adoptadas fueron estrictamente regulatorias o si existieron otros intereses detrás de ellas. Entre los elementos que podrían ser aportados a las autoridades se encontrarían documentación administrativa, comunicaciones, registros audiovisuales y otros elementos cuya autenticidad y valor probatorio deberán ser determinados por las autoridades correspondientes.

La pregunta sobre conflictos de interés

Otro aspecto que habría comenzado a ser analizado es la eventual existencia de relaciones personales, comerciales o patrimoniales entre personas vinculadas con operadores privados del puerto y personas del entorno de funcionarios.

Aquí también resulta indispensable distinguir entre una relación personal o comercial legítima y un verdadero conflicto de interés.

La existencia de un vínculo no demuestra por sí misma la comisión de una irregularidad. Pero, si una persona vinculada a un funcionario obtiene simultáneamente un beneficio económico derivado de una decisión adoptada por ese funcionario, la situación merece ser investigada y documentada.

Del puerto a los organismos internacionales

La investigación podría adquirir dimensión internacional si los especialistas que intervienen detectaran operaciones patrimoniales, sociedades o activos en jurisdicciones extranjeras que requieran explicación.

En ese supuesto, la información podría eventualmente ser puesta a disposición de organismos judiciales y regulatorios de las jurisdicciones correspondientes, siempre que existan elementos objetivos que justifiquen esa intervención.

No existe, hasta el momento, base suficiente para afirmar públicamente que determinados activos extranjeros tengan origen ilícito.

Lo que sí puede investigarse es si existen inconsistencias patrimoniales, sociedades vinculadas, beneficiarios finales no declarados o movimientos financieros que ameriten una revisión de due diligence reforzada.

El interrogante central

El caso Dock Sud plantea una pregunta que excede a una disputa entre empresas y funcionarios: ¿Quién controla al que administra una infraestructura estratégica?

El Consorcio tiene bajo su responsabilidad una infraestructura que el propio organismo considera estratégica para la actividad logística y energética.

Su actual presidenta fue designada por decreto del Gobierno bonaerense y posee una trayectoria política públicamente vinculada al Frente Renovador de Sergio Massa.
Al mismo tiempo, una investigación corporativa sostiene que existen aspectos relacionados con seguridad, infraestructura, decisiones administrativas y relaciones con operadores que deberían ser examinados con detalle.