QUITO.— El Gobierno de Ecuador declaró un estado de excepción en siete provincias durante 60 días, después de que el retiro del subsidio al diésel y el aumento de su precio de 1,80 a 2,80 dólares por galón desataran protestas masivas con bloqueos y choques con las fuerzas de seguridad.
El presidente Daniel Noboa firmó desde Latacunga el decreto ejecutivo 134 que establece la medida, alegando grave conmoción interna. El estado de excepción implica suspensión de derechos y despliegue militar, con el objetivo de evitar una escalada mayor en medio de un clima de creciente tensión social y política.
El alza del precio del diésel, motivada por la eliminación del subsidio estatal, fue el detonante de las manifestaciones que comenzaron el domingo. La decisión responde a un esfuerzo del Gobierno por reducir el gasto público, pero ha generado rechazo en sectores como el transporte, la agricultura y el comercio, que dependen del combustible.
Las protestas se han extendido rápidamente con cortes de carreteras en Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, afectando la movilidad de miles de personas y el abastecimiento de productos básicos. El incremento del 55% en el precio del combustible supone un fuerte impacto en el transporte y en el costo de vida.
El decreto suspende el derecho a la libertad de reunión, prohíbe concentraciones en espacios públicos durante las 24 horas y habilita la intervención de las fuerzas de seguridad para despejar bloqueos y restablecer el orden. La Policía Nacional liderará los operativos, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Aunque el texto señala que la protesta pacífica será respetada, en provincias como Carchi ya se registraron choques con el uso de gases lacrimógenos.
En Carchi, epicentro de la protesta, los transportistas reclaman mayor seguridad en las vías y compensaciones para las familias de conductores asesinados en asaltos. También exigen medidas que amortigüen el impacto del alza del diésel. Organizaciones sindicales y sociales, por su parte, convocaron a nuevas movilizaciones este miércoles y jueves, además de una marcha nacional prevista para el 23 de septiembre. Denuncian que la eliminación del subsidio profundizará la desigualdad y golpeará a los sectores más vulnerables.
El aumento del combustible no solo afecta al transporte, sino también a la cadena de suministros y al precio de los alimentos. Economistas advierten que podría presionar al alza la inflación y frenar la recuperación económica del país.
En el plano político, el decreto de Noboa refuerza el control del Ejecutivo pero también abre la puerta a cuestionamientos judiciales sobre el alcance de las medidas y su compatibilidad con los derechos constitucionales.
El estado de excepción se mantendrá hasta mediados de noviembre, salvo que el Gobierno decida levantarlo antes. Su éxito dependerá de si logra contener la protesta sin desencadenar mayor conflictividad social. Las movilizaciones anunciadas marcarán las próximas semanas y pondrán a prueba la capacidad de Noboa para combinar disciplina fiscal con gobernabilidad.
