CARACAS.— El gobierno de Estados Unidos volvió a introducir cierta flexibilidad en su política de sanciones sobre el sector energético venezolano. A través de una licencia especial emitida por el Departamento del Tesoro, Washington autorizó determinadas operaciones comerciales vinculadas con el petróleo de Venezuela, incluidas transacciones con la estatal Pdvsa y la posibilidad de importar crudo venezolano a territorio estadounidense.
La autorización habilita una amplia gama de actividades comerciales asociadas al crudo venezolano. Entre ellas se incluyen la exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega y transporte de petróleo, así como de productos refinados o petroquímicos derivados de ese crudo.
En la práctica, la medida abre la puerta a que empresas puedan volver a operar con petróleo venezolano bajo supervisión del marco regulatorio estadounidense.
El documento oficial establece que las transacciones autorizadas pueden involucrar al Gobierno de Venezuela, Pdvsa o cualquiera de sus empresas subsidiarias, siempre que estén directamente relacionadas con operaciones comerciales vinculadas al petróleo venezolano.
Sin embargo, todos los contratos y operaciones deberán ajustarse estrictamente a la legislación vigente en Estados Unidos, lo que implica que las compañías participantes deberán cumplir con los controles y requisitos establecidos por el régimen de sanciones.
A pesar de esta flexibilización parcial, Washington mantiene restricciones geopolíticas significativas. El Tesoro estadounidense prohíbe cualquier operación que involucre a ciudadanos o entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, países que continúan sujetos a sanciones económicas por parte de Estados Unidos.
Además, la licencia también bloquea transacciones en las que participen compañías —ubicadas en Venezuela o en Estados Unidos— que estén controladas directa o indirectamente por empresas vinculadas a personas o entidades sujetas a la legislación china.
Con estas limitaciones, Washington busca evitar que actores considerados estratégicamente sensibles participen en la comercialización del crudo venezolano.
En términos de política energética, la decisión refleja un equilibrio entre dos objetivos: permitir cierta actividad comercial en el sector petrolero venezolano —clave para la oferta global de crudo— sin desmontar completamente el esquema de sanciones que Estados Unidos mantiene sobre Caracas.
El movimiento también coincide con cambios regulatorios impulsados por el propio gobierno venezolano para atraer capital extranjero al sector energético. A finales de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma legislativa que amplía el papel de las compañías internacionales en la industria petrolera.
La nueva normativa permite que empresas extranjeras participen como socios minoritarios de Pdvsa, pero con mayores facultades operativas. Entre ellas, la posibilidad de gestionar proyectos petroleros y exportar o vender crudo de manera independiente, una modificación que busca captar inversión internacional, aumentar la producción y expandir la capacidad exportadora del país en un contexto aún marcado por sanciones y restricciones comerciales.
