OTTAWA.— Una empresa minera canadiense, entre los mayores inversores extranjeros en Cuba, está consultando con asesores y partes interesadas tras la ampliación de las sanciones de Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump contra la debilitada economía caribeña.

Sherritt International Corp., que presentará resultados la próxima semana, informó en un comunicado el lunes —tras el cierre de los mercados— que está evaluando las implicancias de las nuevas medidas.

La orden ejecutiva firmada el viernes apunta a casi cualquier ciudadano o entidad no estadounidense que realice negocios en la isla gobernada por el régimen comunista, sometida a amplias sanciones económicas desde la década de 1960. Las nuevas restricciones se enfocan en sectores clave como defensa, minería, finanzas y seguridad.

Con sede en Toronto, Sherritt produce cobalto y níquel en el este de Cuba y procesa esos metales en su refinería en Alberta. En febrero, tras la imposición de un bloqueo de facto al suministro de combustible hacia la isla por parte de Trump, la compañía anunció una suspensión temporal de sus operaciones en Cuba.

Trump capturó al líder de Venezuela —principal aliado de Cuba— a comienzos de enero y luego bloqueó todos los envíos de petróleo hacia la isla, salvo uno proveniente de Rusia, lo que agravó los cortes de energía crónicos y generó escasez de gasolina, diésel y combustible para aviación. El presidente estadounidense apuesta a que una presión económica intensa termine por desestabilizar al gobierno cubano tras 67 años de régimen de partido único.

Sherritt decidió ingresar a Cuba en la década de 1990, cuando Fidel Castro abrió parcialmente la economía a la inversión extranjera tras la caída de la Unión Soviética. En su momento, la empresa era vista como un termómetro de las perspectivas económicas del país.

Hoy, sus acciones cotizan en torno a los 27 centavos canadienses, lo que implica una capitalización de mercado de unos C$186 millones (u$s 137 millones), muy por debajo del pico de C$4.800 millones alcanzado en 2008.

Un reclamo sobre la mina de Sherritt en el este de Cuba forma parte de miles de disputas de propiedad certificadas por el gobierno de EE.UU., con un valor superior a u$s 88 millones antes de intereses. La instalación pertenecía a una subsidiaria de lo que hoy es Freeport-McMoRan Inc. antes de ser nacionalizada tras la revolución de 1959 que llevó a Castro al poder.