WASHINGTON.— El gobierno de Donald Trump anunció un polémico programa que ofrece u$s 1000 a migrantes en situación irregular que decidan “autodeportarse” utilizando una nueva aplicación oficial, como parte de una política más agresiva que apunta a reducir la inmigración ilegal.
La iniciativa contempla además una “asistencia de viaje” y fue presentada por el Departamento de Seguridad Interior (DHS) junto al lanzamiento de CBP Home, una app desarrollada para que los extranjeros sin documentación informen al gobierno su decisión de dejar el país voluntariamente.
“Les pagaremos a cada uno una cierta cantidad de dinero y les conseguiremos un excelente vuelo de regreso a su lugar de origen”, afirmó Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Trabajaremos con ellos para que, algún día, puedan regresar si son buenas personas, si son el tipo de personas que queremos en nuestro país”, agregó.
Según el DHS, el programa permitirá reducir los costos de deportación en un 70%. Actualmente, el gasto promedio por persona —que incluye detención, procesamiento y traslado forzoso— asciende a 17.121 dólares.
Un ciudadano hondureño ya utilizó el sistema para obtener un vuelo desde Chicago a Tegucigalpa, según datos oficiales. El pago de los 1.000 dólares se realiza una vez confirmado el regreso.
La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, señaló en una reunión de gabinete en abril que “20 o 21 millones de personas tienen que volver a casa”. Los datos oficiales de 2022, sin embargo, estimaban 11 millones de personas en situación irregular o con permisos temporales.
La administración republicana considera criminales a todos los migrantes que hayan ingresado sin visa o autorización legal, incluyendo a quienes tramitaron asilo durante el mandato de Joe Biden.
En lo que va de 2025, más de 168.000 migrantes fueron detenidos, entre ellos más de 600 presuntos miembros del grupo venezolano Tren de Aragua, declarado organización terrorista por el propio Trump.
La Casa Blanca confirmó que al menos 300 detenidos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, gracias a un acuerdo con el gobierno de ese país, que recibió 6 millones de dólares a cambio.
No obstante, defensores de los derechos humanos cuestionan la legalidad de estas expulsiones y aseguran que muchos no tuvieron acceso a un debido proceso judicial. Abogados de los deportados aseguran que sus clientes no tienen vínculos con pandillas.
