CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión del gobierno de Donald Trump de modificar el marco legal que sustenta los aranceles sobre productos mexicanos no implicará un aumento efectivo de los gravámenes para la mayoría de las exportaciones del país, ya que cerca del 85% de los envíos continuará ingresando a Estados Unidos con arancel cero al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La modificación anunciada por Washington afecta principalmente al instrumento jurídico utilizado para mantener el arancel del 10% sobre las mercancías que no están amparadas por el tratado comercial.

Según explicó la diputada mexicana Selene Ávila, integrante de la comisión parlamentaria que sigue la implementación del T-MEC, la medida no modifica las condiciones comerciales para la mayor parte de las empresas exportadoras mexicanas.

De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, aproximadamente el 15% de las exportaciones queda fuera de las preferencias del T-MEC por no cumplir las reglas de origen o por pertenecer a categorías excluidas del acuerdo.

Esos productos seguirán pagando un arancel del 10%, por lo que no se trata de una duplicación del gravamen sino de la continuidad de la misma tasa bajo un nuevo fundamento legal.

La decisión tampoco afecta a los bienes sujetos a aranceles sectoriales ya vigentes, como algunos productos industriales alcanzados por la Sección 232, ni a determinadas materias primas o mercancías que cuentan con exenciones otorgadas por Estados Unidos.

El principal cambio radica en que el gobierno estadounidense dejará de utilizar la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, aplicada en febrero de este año para imponer temporalmente el arancel del 10%.

Esa herramienta permitía mantener la medida durante un máximo de 150 días, tras lo cual habría sido necesaria una autorización del Congreso para extenderla.

En su reemplazo, Washington utilizará la Sección 301 de la misma ley, un mecanismo que habilita al Ejecutivo a responder a prácticas comerciales consideradas desleales o perjudiciales para la economía estadounidense.

La investigación realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos analizó a 60 economías por su actuación frente a productos elaborados mediante trabajo forzoso.

En el caso de México, Washington reconoció que existe una prohibición sobre este tipo de mercancías, aunque consideró insuficiente su aplicación, razón por la cual mantuvo el arancel del 10% para los productos que no califican dentro del T-MEC.

El debate comercial coincide además con el proceso de revisión del tratado norteamericano.

Estados Unidos decidió el 1 de julio no extender automáticamente por otros 16 años la vigencia del T-MEC, por lo que el acuerdo permanecerá vigente hasta 2036, sujeto a revisiones anuales durante la próxima década.

En ese marco, México y Estados Unidos continuarán negociando aspectos vinculados con las reglas de origen, la industria automotriz, el acero, el aluminio, la agricultura y la integración de las cadenas regionales de suministro.

Tras una tercera ronda de conversaciones celebrada en julio en Ciudad de México, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, acordaron realizar un nuevo encuentro en Washington durante septiembre.

México buscará en esas negociaciones reducir o eliminar los aranceles sectoriales que afectan al aluminio y a otros productos industriales.

Mientras tanto, el mantenimiento del acceso libre de aranceles para la mayor parte de las exportaciones mexicanas preserva la principal ventaja competitiva del país en el mercado estadounidense, aunque las revisiones periódicas del T-MEC mantienen la incertidumbre sobre la futura relación comercial entre ambos socios.