WASHINGTON.— Durante meses, expertos legales y miembros del Congreso de Estados Unidos cuestionaron la legalidad de la campaña militar del presidente Donald Trump contra presuntos narco-terroristas frente a las costas de Venezuela y Colombia. Un nuevo bloqueo a buques petroleros profundizó esas dudas.

Trump anunció el martes un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que se dirijan hacia o desde Venezuela, lo que disparó una pregunta inmediata: ¿se trata de un acto de guerra contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro?

Por el momento, la respuesta parece ser que el mandatario está bordeando esa definición, al concentrarse en un tipo específico de embarcaciones y no en todas. Eso lo convierte en una “cuarentena”, una figura legalmente distinta de un bloqueo total.

Sin embargo, los límites no están del todo claros y la medida solo avivó las preocupaciones sobre la justificación legal de la administración Trump para su campaña en el Caribe y el océano Pacífico oriental. El gobierno sostiene que los narcotraficantes representan una amenaza inminente para Estados Unidos y que el ejército está en guerra contra ellos, lo que habilitaría acciones agresivas.

“Muchas de las acciones con fuerzas marítimas son muy flexibles”, señaló Steven Wills, exoficial de la Marina y actual integrante del think tank Center for Maritime Strategy. “Esto es un uso clásico de acciones marítimas selectivas para presionar al régimen de Maduro”.

Las preocupaciones legales se intensificaron en las últimas semanas tras reportes que indicaron que planificadores militares estadounidenses que supervisaron un ataque el 2 de septiembre contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico habrían ordenado un segundo ataque para matar a los sobrevivientes del primero.

Eso generó acusaciones de crímenes de guerra, audiencias en el Congreso y pedidos para que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, publique los videos sin editar del ataque, algo que hasta ahora se negó a hacer.

Luego, Trump ordenó la incautación de un petrolero sancionado frente a la costa venezolana. El gobierno de Venezuela lo calificó como un “robo flagrante”, mientras que Maduro lo describió como un “acto criminal e ilegal”.

La Casa Blanca no respondió a las consultas sobre la legalidad del bloqueo, aunque varios funcionarios lo justificaron argumentando que Venezuela había nacionalizado en el pasado activos de compañías petroleras estadounidenses.

“Recuerden que se quedaron con todos nuestros derechos energéticos”, dijo Trump tras anunciar el bloqueo. “Se quedaron con todo nuestro petróleo no hace mucho tiempo. Y lo queremos de vuelta. Se lo llevaron, lo tomaron ilegalmente”.

Legisladores estadounidenses, algunos molestos porque Trump evitó el rol del Congreso establecido en la Ley de Poderes de Guerra para autorizar la participación de EE.UU. en conflictos, presionaron a Hegseth para que sea más transparente, incluso amenazando con recortar su presupuesto de viajes personales.

Desde que asumió su segundo mandato, los críticos de Trump sostienen que el presidente no dejó que las normas ni las leyes se interpongan en su camino. También abordó los temas de guerra y paz con la misma lógica con la que desmanteló agencias gubernamentales, recortó la ayuda exterior e impuso aranceles a aliados y rivales: avanzando rápido y con fuerza, pese a la oposición política o los desafíos legales.

La campaña cada vez más agresiva en Sudamérica está poniendo a prueba los límites de la autoridad legal de Trump y podría violar tanto el derecho internacional como el estadounidense, según Harold Koh, profesor de la Facultad de Derecho de Yale y exasesor legal del Departamento de Estado durante la administración Obama.

“Según la ley interna, no tiene autorización del Congreso para dar estos pasos de carácter bélico contra Venezuela”, afirmó Koh. “Y tampoco tiene base para un argumento de legítima defensa”.

Consultado el jueves sobre si pediría autorización al Congreso para ataques terrestres contra Venezuela, Trump respondió: “No tendría problema en avisarles, pero no es un gran tema; no tengo que hacerlo, eso ya está probado”.

Los defensores de Trump sostienen que la magnitud de la crisis de opioides en EE.UU., impulsada por el fentanilo y responsable de decenas de miles de muertes, justifica acciones de carácter bélico contra los cárteles de la droga.

“El presidente tiene plena autoridad bajo el Artículo 2 para defender a Estados Unidos de estas amenazas inminentes”, dijo el miércoles el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast. “Estos cárteles tienen decenas de miles de miembros que se levantan cada día con la misión de inundar a Estados Unidos con drogas letales”.

Algunos expertos legales sostienen que incluso la publicación de Trump en redes sociales amenazando con el uso de la fuerza podría violar el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe las amenazas y el uso de la fuerza.

Las acciones de Trump ya generaron una reprimenda velada del secretario general de la ONU, António Guterres, quien habló por teléfono con Maduro sobre las “tensiones actuales en la región” y emitió un comunicado el miércoles instando a los Estados miembros a “respetar el derecho internacional” y la Carta de la ONU.

“Estamos hablando de un bloqueo en tiempos de paz, y existe un consenso bastante amplio en que si el Estado A declara un bloqueo contra el Estado B en tiempos de paz, eso se considera un acto de agresión”, afirmó Michael Schmitt, profesor de derecho internacional de la Universidad de Reading.

Aun así, señaló que no está dispuesto a afirmar que Estados Unidos haya entrado en un conflicto abierto con Venezuela a través de esta operación, denominada Southern Spear.

“No creo que estemos del todo ahí todavía, pero si los buques y naves de guerra de Southern Spear comienzan a detener barcos, usar la fuerza, descender con cuerdas rápidas sobre embarcaciones y capturarlas, entonces sí estaremos ahí”, concluyó Schmitt.