PARÍS — La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen inicia esta semana en París una apelación clave que definirá si podrá competir en las elecciones presidenciales de 2027, luego de haber sido inhabilitada para ejercer cargos públicos tras una condena por malversación de fondos de la Unión Europea.

Le Pen, histórica referente del partido National Rally, figuraba como una de las principales favoritas para la carrera presidencial hasta que el año pasado fue declarada culpable de desviar más de 4 millones de euros de fondos del Parlamento Europeo y recibió una prohibición de cinco años para presentarse a elecciones, con efecto inmediato.

La dirigente apeló el fallo, al igual que su partido y otras diez personas condenadas por el mismo esquema. Las audiencias comienzan el martes y se extenderán hasta el 12 de febrero. Se espera una decisión antes del verano boreal, lo que mantiene abierta la posibilidad de que Le Pen compita en 2027 si la sanción es anulada o sensiblemente reducida.

En caso de quedar definitivamente fuera de carrera, Le Pen anticipó que su lugar sería ocupado por su delfín político, el presidente del partido, Jordan Bardella, de 30 años.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y figuras clave de su entorno expresaron públicamente su apoyo a Le Pen tras la condena. Cualquier intento de impedir su candidatura podría ser utilizado por Trump para reforzar su discurso contra tribunales europeos, a los que acusa de bloquear de forma injusta a líderes de derecha dura.

Según fuentes citadas por Reuters, funcionarios estadounidenses discutieron el año pasado la posibilidad de sancionar a fiscales y jueces franceses involucrados en el caso, aunque esas conversaciones ya no estarían activas. La información, publicada inicialmente por la revista alemana Der Spiegel, fue negada por el Departamento de Estado.

El gobierno francés advirtió que permanecerá atento ante cualquier intento de injerencia externa, luego de que autoridades judiciales calificaran como “inaceptable” cualquier acción contra magistrados franceses.

Le Pen denuncia motivaciones políticas

Tras la condena, Le Pen acusó al Poder Judicial de actuar con motivaciones políticas, en línea con una narrativa frecuente en Estados Unidos. Los jueces justificaron la aplicación inmediata de la inhabilitación para “evitar un daño irreparable al orden democrático”, una decisión respaldada por la mayoría de la opinión pública francesa según encuestas.

El Parlamento Europeo reclamó que se mantengan las condenas y las sanciones económicas: más de 3 millones de euros en concepto de daños y una multa adicional de 2 millones de euros al partido, con la mitad en suspenso.

La causa determinó que entre 2004 y 2016 fondos destinados a tareas parlamentarias fueron utilizados para pagar personal que trabajaba en realidad para el partido. Le Pen sostiene que el uso de esos recursos fue legítimo.

Las dificultades judiciales de Le Pen parecen haber fortalecido la figura de Bardella. Un sondeo realizado el año pasado mostró que el joven dirigente vencería en una eventual segunda vuelta presidencial, independientemente de su rival.