CHACO, ARGENTINA.— Jorge Capitanich volvió a quedar en el centro de un expediente de enorme gravedad institucional. El histórico dirigente del kirchnerismo chaqueño, tres veces gobernador y una de las figuras más influyentes del espacio durante las últimas dos décadas, fue procesado por la Justicia Federal acusado de integrar un presunto esquema de defraudación al Estado que habría utilizado la estructura pública para beneficiar a privados mediante la adjudicación irregular de tierras fiscales.

No se trata de un cuestionamiento administrativo menor. Sucede que el procesamiento alcanza delitos como fraude contra la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Según la resolución judicial, Capitanich no aparece como un espectador distante de las maniobras investigadas. El juez le atribuye haber refrendado con su firma los decretos que terminaron consolidando las adjudicaciones cuestionadas.

La investigación sostiene que miles de hectáreas de tierras fiscales, ubicadas en una de las zonas productivas más valiosas del Chaco, terminaron siendo adjudicadas a empresarios vinculados al entorno de la entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, Marta Soneira, también procesada en la causa como presunta coautora.

La figura de Soneira ocupa un lugar central en el expediente. El magistrado sostiene que intervino en expedientes administrativos cuyos beneficiarios mantenían vínculos directos con su pareja, Mauricio Ariel Cian, socio gerente de empresas que, según la investigación, habrían sido utilizadas para canalizar los beneficios obtenidos mediante las adjudicaciones. Junto a ellos también fueron procesados socios comerciales que habrían resultado favorecidos con las operaciones bajo investigación.

La causa, iniciada a partir de una denuncia presentada en 2024 por la entonces presidenta del Instituto de Colonización, describe un mecanismo que, de acuerdo con la resolución judicial, utilizó expedientes administrativos para transferir tierras públicas a valores considerados irrisorios respecto de su valor productivo.

La intervención de Soneira en el trámite administrativo y la posterior ratificación mediante decretos firmados por Capitanich constituyen uno de los principales ejes sobre los que se sostiene el procesamiento dictado por la Justicia Federal.

Desde el punto de vista político, el golpe es particularmente severo. Capitanich fue durante años uno de los principales referentes del kirchnerismo en el interior del país y construyó gran parte de su discurso sobre la defensa del Estado, la transparencia en la administración pública y la justicia social.

Hoy, sin embargo, enfrenta un procesamiento precisamente por presuntas maniobras que, según la investigación judicial, habrían utilizado ese mismo aparato estatal para favorecer intereses privados cercanos al poder político. La contradicción entre el discurso y las acusaciones que investiga la Justicia resulta difícil de ignorar.

Es importante distinguir entre procesamiento y condena: el expediente todavía no tiene sentencia firme y rige la presunción de inocencia. Sin embargo, un procesamiento implica que un juez federal consideró reunidos elementos de prueba suficientes para sostener que existen motivos para avanzar hacia la etapa de juicio respecto de los delitos imputados.

En paralelo, el magistrado rechazó avanzar, por el momento, con las imputaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito al considerar que en esta instancia no se encontraban reunidos los elementos típicos para sostener esas figuras.

También dispuso sobreseimientos y faltas de mérito para otros involucrados, lo que muestra que el juzgado realizó una evaluación diferenciada respecto de cada imputado y no convalidó de manera automática todos los planteos de la fiscalía.