SAN SALVADOR.— La Asamblea Nacional aprobó este miércoles la sexta prórroga del estado de excepción, que cumplirá su séptimo mes bajo el mecanismo que permite al Gobierno salvadoreño suspender ciertas libertades y garantías, alegando a su lucha contra la violencia que ejercen las pandillas.
La sexta prórroga será por otros 30 días del régimen de excepción, con el que ya se han detenido a poco más de 52.000 presuntos pandilleros. Con 65 votos a favor y 12 en contra, el Parlamento aprobó una la nueva prórroga que comenzará el próximo 19 de septiembre.
Como con cada extensión, el Gobierno asegura que el estado de excepción sirve para continuar combatiendo a «pandilleros terroristas» y protegiendo a las familias que «día a día trabajan por un mejor futuro».
Hace más de 5 meses El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción que ha resultado ser un desastre en materia de DDHH.
En un país donde no hay instituciones independientes, cualquiera está expuesto a sufrir abusos.
Mi artículo en @_elfaro_: https://t.co/eYP7T1LY2B
— Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) September 13, 2022
«Es necesario arrancar de raíz todo lo que le ha hecho mal a nuestro país«, señaló el presidente del Congreso, Ernesto Castro, previo a someter a votación la medida solicitada por el gobierno.
En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso acogió un pedido del gobierno para decretar el régimen de excepción, que se ha extendido al menos hasta el 18 de octubre, y ha permitido detener sin orden judicial a poco más de 52.000 presuntos pandilleros.
El régimen de excepción también suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de 3 a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones. La mayoría de pandilleros están relacionados con la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
El régimen de excepción ha sido constantemente criticado y desaprobado por organizaciones defensoras de derechos humanos, por considerar que la medida representa un mecanismo para vulnerar los derechos de los detenidos.
