BOGOTÁ.—El miércoles, el tribunal de paz de Colombia formalmente imputó cargos al general retirado y exjefe del ejército Mario Montoya por su presunta implicación en delitos de lesa humanidad relacionados con el asesinato y desaparición de 130 civiles, quienes fueron falsamente presentados como combatientes insurgentes.

Catalina Díaz, magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reveló en una conferencia de prensa que Montoya, de 74 años, habría ejercido presión sobre los subordinados bajo su mando con el propósito de asegurar bajas en combate a cualquier costo entre 2002 y 2003.

La jueza señaló que el exmilitar es sospechoso de distorsionar «intencionalmente» las cifras de bajas para inflar los resultados cuando lideraba la Brigada IV del ejército, con base en el departamento de Antioquia (noroeste). Además, se le acusa de encubrir casos de exceso de uso de la fuerza y de emplear un lenguaje violento que glorificaba la violencia.

El tribunal, establecido en virtud del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, le imputó cargos por crímenes de guerra y lesa humanidad. Según estimaciones de la JEP, al menos 6.402 personas perdieron la vida debido a esta práctica conocida como los «falsos positivos». La JEP ofrece alternativas a la prisión para aquellos que confiesen sus crímenes y busquen reparar a las víctimas.

Montoya, quien fue comandante del ejército a partir de 2006 y estuvo cercano al entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010), enfrenta alegaciones de haber sido parte de un escándalo de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron bajo su liderazgo, aunque él alega no haber estado al tanto de tales acciones.

Para la JEP, la presión para mostrar resultados tangibles, en términos de bajas en combate, fue una directriz constante bajo el liderazgo de Montoya. Este ya había enfrentado cargos en 2021 por la fiscalía en relación con 104 homicidios entre 2007 y 2008, perpetrados bajo el mismo patrón.

Uno de los casos documentados por el tribunal implicó a Montoya en presentar a dos niñas y tres jóvenes como miembros de las FARC ante la prensa, cuando en realidad murieron en una emboscada del ejército. La JEP sostiene que Montoya intentó etiquetarlos como insurgentes a sabiendas de que no lo eran.

Montoya y otros ocho militares imputados tendrán 30 días para admitir o negar los hechos. Posteriormente, la JEP brindará un espacio para que confiesen públicamente ante los familiares de las víctimas antes de emitir una sentencia. Desde su creación en 2017, la JEP, que también ha imputado a la cúpula de las FARC por cientos de secuestros, aún no ha emitido su primera condena.