PARÍS.— El martes por la noche, el Parlamento francés aprobó una polémica ley migratoria con 349 votos a favor y 186 en contra. Esta ley recibió respaldo tanto de la ultraderecha como de partidos aliados al presidente Emmanuel Macron.
El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, destacó en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter) que el texto migratorio, ahora aprobado, representa un largo esfuerzo para mejorar la integración de extranjeros y para la expulsión de aquellos que hayan cometido actos delictivos. Según él, es un texto robusto y decidido.
Previamente, diputados y senadores franceses habían llegado a un acuerdo durante la tarde respecto al proyecto de ley de inmigración, tras arduas negociaciones, contando con el apoyo de partidos como la Agrupación Nacional (de extrema derecha) y Los Republicanos (de derecha).
Una comisión mixta paritaria compuesta por siete senadores y siete diputados había comenzado las negociaciones el lunes a las 17H00 y las retomó el martes a las 10H30, tras enfrentar desacuerdos de último minuto, especialmente relacionados con las ayudas sociales, durante la noche anterior.
Este acuerdo fue alcanzado después de que la Asamblea Nacional (cámara baja) rechazara debatir el proyecto anterior el 11 de diciembre, causando un revés para Macron y su partido centrista.
A pesar del rechazo inicial, el gobierno decidió persistir con la reforma, convocando una comisión paritaria con el fin de buscar un consenso con la oposición.
Marine Le Pen, presidenta de la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), elogió el acuerdo y anunció el voto a favor de sus diputados al proyecto de ley. Expresó su satisfacción por la inclusión de la «prioridad nacional» en la ley, que otorga ventajas a los franceses sobre los extranjeros en acceso a ciertos beneficios sociales.
El presidente del partido de derecha Los Republicanos, Éric Ciotti, afirmó que el texto aprobado representaba su postura. Su grupo también respaldó el proyecto de ley.
Sin embargo, el jefe del grupo socialista en la Asamblea, Boris Vallaud, consideró que el acuerdo era un «gran momento de deshonra».
La orientación final del texto, que claramente tenía un enfoque de derechas, provocó tensiones entre los partidos afines a Macron, llevando a cinco ministros a amenazar con dimitir.
Las negociaciones se centraron principalmente en el delicado tema de los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular.
La derecha abogaba por establecer un período mínimo de residencia de cinco años para acceder a ciertas ayudas.
Según fuentes parlamentarias, el compromiso alcanzado el martes incluye una diferenciación entre extranjeros no comunitarios (no ciudadanos de la Unión Europea) basada en si están o no «en situación de empleo».
Para algunas prestaciones, será necesario haber residido cinco años en el territorio para aquellos que no trabajan. En el caso de personas con empleo, se requerirá haber permanecido en el país al menos 32 meses.
Las nuevas restricciones no aplicarán a estudiantes extranjeros, refugiados o aquellos que posean una tarjeta de residencia.
En un comunicado conjunto, varias organizaciones no gubernamentales y sindicatos denunciaron el acuerdo, describiendo el proyecto de ley como «el más regresivo en al menos 40 años» en Francia.