WASHINGTON.- Tras 16 años de moratoria, el gobierno de Estados Unidos reanudará las ejecuciones federales a partir de diciembre de este año con el objetivo de “dar justicia a las  víctimas de crímenes horribles”. Así lo confirmó este jueves el fiscal general William Barr, quien ya pidió que se programen las ejecuciones de cinco reclusos condenados a muerte por asesinato, tortura y violación.

“El Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley, y le debemos a las víctimas y a sus familias avanzar con la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, señaló Barr en un comunicado. Durante 2018, se efectuaron 25 ejecuciones en Estados Unidos, todas ellas llevadas a cabo por autoridades estatales para personas condenadas por cargo también estatales y no federales.

Debido a los debates sobre los métodos de ejecución y controversias sobre las drogas utilizadas en los condenados, además de las reticencias del anterior presidente estadounidense, Barack Obama, ningún prisionero federal había sido ejecutado desde 2003.

A los primeros que se les aplicará esta medida serán cinco asesinos ya condenados que serán ejecutados en la penitenciaría de Terre Haute, en Indiana. El Departamento de Justicia dijo que todos los sentenciados agotaron sus recursos de apelación y que actualmente no hay ningún impedimento a su ejecución.

Barr ordenó que la Oficina de Prisiones ejecute el procedimiento mediante una sola inyección letal de fenobarbital (fenobarbitona), un barbitúrico que reemplaza un método que usaba tres drogas distintas.

El gobierno federal tiene aproximadamente 62 personas que esperan en el corredor de la muerte en las prisiones federales, según el Centro de Información sobre la La Pena de Muerte.

La aplicación de la pena capital está en retroceso en Estados Unidos desde la última década, debido a debates sobre la legalidad de las inyecciones letales, acusadas de provocar demasiado sufrimiento y por problemas en el suministro de drogas que causan la muerte, debido a que muchos laboratorios no quieren estar asociados a esta práctica.

De los 50 estados de ese país, 25 utilizan este método, 21 no permiten su uso y cuatro tiene una moratoria. Obama, presidente entre el 2009 y el 2017, cuestionaba la aplicación de la pena de muerte, sin entrar a fondo en el debate.

Barr remarcó que “bajo gobiernos de ambos partidos, el Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte para los peores criminales, incluidos estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado tras un proceso justo y completo”.

La próxima ejecución está establecida para el 9 de diciembre, y al igual que las otras cuatro, tendrá lugar en la prisión de Indiana.

El anunció provocó la reacción de la senadora demócrata Kamala Harris, que aspira a la nominación de su partido para la presidencia. “Déjenme ser clara: la pena de muerte es inmoral y es profundamente imperfecta. Demasiada gente inocente ha sido ejecutada”, aseveró.

El primer sentenciado que será ejecutado el 9 de diciembre de 2019, es Daniel Lewis Lee, miembro de un grupo de supremacistas blancos que asesinó a tres personas de una familia, incluyendo a una niña de ocho años.