CIUDAD DE MÉXICO.-  A menos de dos meses de abandonar el poder,el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto intenta blindarse ante una investigación por corrupción que a largo plazo alcanzaría a funcionarios federales. 

La oficina jurídica de la Presidencia presentó una acción judicial ante la Suprema Corte para proteger a todo funcionario federal ser involucrados en un proceso penal que se desarrolla en el estado norteño de Chihuahua por un caso de presunto desvío de fondos públicos a la campaña electoral del presidente gobernante y representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es la primera vez que el Ejecutivo federal presenta una demanda de este tipo. 

En diciembre de 2017, las autoridades detuvieron a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, por su supuesta participación en un plan para desviar 240 millones de pesos, cerca de 12 millones de dólares, de fondos públicos de Chihuahua para campañas políticas. 

Aparentemente el desvío ocurrió en 2016 y las autoridades estatales buscan al exgobernador César Duarte, militante del PRI actualmente prófugo, para que responda ante la ley por ése y otros delitos de los que se le acusa.

Sin embargo, Javier Corral, gobernador de Chihuahua por el Partido Acción Nacional, investiga a funcionarios de la administración federal y reiteró su intención de someter al presidente a un procedimiento judicial a finales del mes anterior. 

“Lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutierrez y a César Duarte no quedará impune, la justicia lo va a alcanzar y es muy probable que sea la justicia de Chihuahua”, señaló Corral en una rueda de prensa. Aunque también consideró la opción de acudir a instancias internacionales. 

Con este panorama de fondo es que la oficina jurídica de la Presidencia interpuso la controversia constitucional en contra del actual gobernador y del Poder Judicial de ese estado. 

Controversia que impugna “las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”. 

A través de un comunicado el gobernador de Chihuahua consideró “revelador” que el presidente “se sienta tocado por las investigaciones que se realizan en Chihuahua”, y dijo que la decisión jurídica de Peña Nieto es “errónea”, no cree que prospere y delata, a su juicio, una “preocupación personal” del mandatario.