BOGOTÁ.- La noticia estremeció al país este domingo. La Policía descartó la participación de integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturibios en el hallazgo de la cabeza de un joven de 22 años.

Hechos aberrantes como el de Santiago Ochoa se han presentado en las últimas semanas en Colombia, todos ellos en el marco de las movilizaciones del paro nacional que comenzó el 28 de abril, han hecho recordar las épocas más dolorosas del país, cuya verdad aún no acaba de esclarecerse: la del paramilitarismo. 

La cabeza fue encontrada el 19 de junio en el corregimiento de Aguaclara, zona rural de Tuluá, Valle del Cauca. Más tarde, los peritos de medicina legal confirmaron que pertenece a Santiago Ochoa, un joven de 22 años que participaba de las manifestaciones en el marco del paro nacional. 

Bien se sabe que decapitar era una práctica de los grupos paramilitares, no en vano que algunos de ellos se autobautizaron los “Mochacabezas”. Colombia recrudece así así episodios oscuros de su historia como la masacre de El Salado en 2000, en la que miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia jugaron fútbol con las cabezas de quienes asesinaron. 

La cabeza de Santiago Ochoa, quien integraba el grupo de la Primera Línea de las movilizaciones en Tuluá, fue hallada en el antejardín de una vivienda y aunque su asesinato ha sido tema de debate público, las versiones extraoficiales indican que el 19 de junio en la mañana, Ochoa salió de su casa en bicicleta, y se volvió a saber de él solo hasta la noche, cuando su cabeza apareció en una bolsa de basura y no hay señales de su cuerpo. 

Una versión comenzó a tomar fuerza durante todo el fin de semana y es que el joven había sido detenido por miembros del Esmad, organismo señalado por Temblores y Human Rights Watch como verdugo de varios jóvenes muertos durante las protestas. No obstante, la versión fue desmentida por la Policía nacional que ofreció 10 millones de pesos colombianos (COP) por los autores del crimen. 

Colombia está sumergida en una espiral de violencia que recrudece sus tiempos de terror más violentos. El pasado 1 de junio el mundo entero vio cómo civiles armados y asistidos por agentes de la policía dispararon contra manifestantes en la ciudad de Cali. 

Lo mismo ocurrió a comienzos de mayo, cuando integrantes de la minga indígena, que buscaron sumarse a la jornada de protesta en la capital Del Valle, fueron recibidos a tiros por algunos ciudadanos, ante la mirada estéril de la fuerza pública que nada hizo para impedirlo. 

El crimen de Ochoa fue condenado por el presidente Iván Duque, quien aseguró que “merece todo nuestro rechazo. Las autoridades avanzan en la investigación para dar con el paradero de los responsables y que sean juzgados con determinación”. 

Asimismo, este lunes una persona murió y otras 47 resultaron heridas, entre ellas 27 policías, en medio de fuertes enfrentamientos en la localidad de Usme, en la capital colombiana en el marco de la continuidad del paro nacional.