TEGUCIGALPA.— El comunicado emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) revela que el Gobierno encabezado por la líder de tendencia izquierdista, Xiomara Castro, en Honduras, ha llegado a un acuerdo con el equipo técnico del FMI para asegurar un acceso de alrededor de 830 millones de dólares.
Este acuerdo, diseñado para un período de 36 meses, se enmarca en el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y el Servicio de Crédito Ampliado (SCA), y tiene como objetivo primordial respaldar las políticas de reforma económica en Honduras. Es importante señalar que, aunque aún se encuentra pendiente de aprobación por parte del directorio del FMI, este proceso suele ser un mero trámite formal.
Ricardo Llaudes, quien funge como jefe de misión del FMI para Honduras, destaca que la economía hondureña ha demostrado una impresionante resiliencia ante diversos factores tanto internos como externos, entre los que se cuentan la pandemia, desastres naturales, influencias geopolíticas como la situación en Ucrania y la ralentización de la economía global.
A pesar de que en abril de 2023 el FMI pronosticó un crecimiento económico del 3,7% para este año, las perspectivas futuras del crecimiento y el empleo están intrínsecamente vinculadas a la sostenibilidad del sector energético, según la organización.
La realidad de Honduras conlleva desafíos de índole social y estructural, incluida una elevada vulnerabilidad al cambio climático. Para superar estos obstáculos, se requiere la implementación de políticas y reformas destinadas a promover la diversificación económica y la inclusión social, de acuerdo con las observaciones de Llaudes.
El programa de reformas delineado por el Gobierno hondureño se apoya en diversos ejes, incluyendo la preservación de la actividad macroeconómica y la expansión del margen fiscal para fomentar la inversión y el gasto social.
Uno de los aspectos destacados es la reforma tributaria de gran alcance que busca gravar a las grandes empresas. Esta iniciativa se encuentra actualmente en proceso en el Congreso, donde la oposición, mayoritaria en la asamblea, ha manifestado su desacuerdo.
El FMI considera que esta reforma tributaria puede ser beneficiosa al reducir las numerosas exenciones en el impuesto a la renta, al tiempo que salvaguarda la competitividad de la economía hondureña. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación en el sector privado, que teme que pueda llevar a la pérdida de miles de empleos.
El Gobierno argumenta que, tras el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, los gobiernos sucesivos otorgaron exenciones fiscales a empresas por un monto que supera la deuda pública total de Honduras, que asciende a 20.000 millones de dólares.
El Fondo Monetario Internacional subraya la importancia de que cualquier reforma tributaria aprobada sea implementada de manera transparente y predecible. Además, las reformas también buscan fortalecer la política monetaria en el país, cuyo sistema financiero se mantiene sólido.
Otro pilar fundamental del plan de reformas consiste en la mejora de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Este último punto ha sido una promesa central en la plataforma política de Castro, quien se ha propuesto crear una institución específica para combatir la impunidad en Honduras.
