TEGUCIGALPA.— La presidenta, Xiomara Castro, declaró este 24 de noviembre emergencia nacional en materia de seguridad.
«Para fortalecer esta estrategia de recuperación inmediata de los territorios sin ley, barrios, colonias, aldeas, municipios y departamentos, declaro emergencia nacional en materia de seguridad e instruyo a la Policía Nacional que, por medio de sus evaluaciones comunitarias, proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas o sectores en donde se amerite», adelantó la mandataria durante el acto de presentación del Plan Nacional Contra la Extorsión.
Castro enfatizó que la Policía Nacional debe recuperar en el menor tiempo posible los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado y sus pandillas.
🚨Gobierno del socialismo democrático declara en Emergencia Nacional en materia de seguridad.#SeguridadCiudadanaHn pic.twitter.com/8SoNuh0SZ3
— Gobierno de Honduras (@GobiernoHN) November 24, 2022
«En materia de seguridad contaremos con un sistema de investigación e inteligencia financiera para el rastreo, detección y desactivación de lavado de capitales y activos, provenientes del crimen organizado transnacional y nacional«, agregó.
La presidenta de la República de Honduras recalcó que la Policía Nacional cuenta con todo su apoyo para combatir el crimen, la extorsión, el narcotráfico y desarticular las organizaciones criminales, que conlleven a la identificación y captura de los cabecillas de cuello blanco.
Enfatizó en el propósito gubernamental de erradicar la extorsión hasta en el último rincón de Honduras.
«Con la Estrategia Integral Contra la Extorsión y Delitos Conexos, anunciada hoy por la Policía Nacional, este Gobierno del socialismo democrático, le declara la guerra a la extorsión, así como le declaramos la guerra a la corrupción y la impunidad», aseguró la primera mujer jefa del Estado hondureño.
Una investigación académica denominada Impuesto de guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras, encargada por la ONG Asociación para una Sociedad más Justa, estimó que en el país centroamericano se pagan alrededor de 737 millones de dólares anuales por concepto de extorsión.
En ese contexto, Castro instruyó a las autoridades de Comisión Nacional de Telecomunicaciones el control de la venta de chips para teléfonos, proceso que se hará únicamente con identificación de las personas, y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el establecimiento de las medidas necesarias para que los movimientos bancarios también se realicen con la identificación de las personas.
