JARTUM.- El presidente sudanés, Omar al-Bashir, declaró el estado de emergencia durante un año, disolviendo su gabinete y los gobiernos locales en todo el país.

En un discurso televisado el viernes, al-Bashir también pidió al Parlamento de Sudán que posponga las enmiendas constitucionales que le permitirían postularse para otro período en una elección presidencial en 2020.

Reconociendo las protestas populares que han sacudido a su gobierno en los últimos meses, el hombre de 75 años dijo que «las demandas de nuestro pueblo por mejores condiciones de vida son legales». «No dejaré de pedir a todas las partes que se sienten en la mesa de diálogo», declaró, y agregó que permanecerá en el «lado de los jóvenes que representan el futuro de Sudán».

El anuncio de al-Bashir el viernes siguió a meses de protestas casi diarias contra su gobierno, en las que miles de personas salieron a las calles de todo el país desde el 19 de diciembre para pedirle que se retirara luego de casi tres décadas en el cargo.

Si bien las protestas se iniciaron por el aumento del costo del pan y el combustible en el norte de Sudán, rápidamente se convirtieron en una demanda por más libertades políticas y el fin del gobierno del mandatario.

Las manifestaciones continuaron el viernes en las horas previas al discurso. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos para dispersar a cientos de manifestantes que marcharon y cantaron consignas antigubernamentales después de las oraciones del viernes en una importante mezquita cerca de la capital sudanesa, Jartum, dijeron testigos presenciales.

Los activistas dicen que casi 60 personas han muerto desde que comenzaron las protestas, mientras que las autoridades estiman que la cifra de muertos es de 31. Cientos de manifestantes, incluidos líderes de la oposición, activistas y periodistas, también han sido encarcelados por el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS).

Según la constitución de Sudán, el estado de emergencia otorga a la policía, a las fuerzas de seguridad y al ejército el derecho a allanar sin orden judicial, a atacar casas y arrestar a cualquiera que consideren una amenaza para la seguridad nacional, el desarrollo económico y la estabilidad del país.

Al-Bashir es acusado por la Corte Penal Internacional por cargos de genocidio en la región de Darfur, los cuales él niega. Ha estado presionando para que Sudán sea eliminado de una lista de países que Washington considera patrocinadores estatales del terrorismo. La lista ha bloqueado la inversión y la ayuda financiera que Sudán esperaba cuando Estados Unidos levantara las sanciones en 2017, dicen los economistas.

Sudán ha estado expandiendo rápidamente su oferta monetaria en un intento por financiar su déficit presupuestario, causando una inflación en espiral y una fuerte caída en el valor de su moneda.