BUENOS AIRES.— El Gobierno argentino volvió a poner en agenda una de sus reformas más sensibles en materia de seguridad y justicia. El presidente Javier Milei incluyó el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, con el objetivo central de bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal.

El anuncio fue confirmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una reunión entre el Poder Ejecutivo y referentes del oficialismo en la Casa Rosada. La iniciativa regresa al debate parlamentario en un escenario político más favorable para el Gobierno, luego de que en 2025 quedara bloqueada por falta de apoyos y tras la renovación del Congreso, que fortaleció al oficialismo.

El proyecto propone una modificación integral del sistema penal juvenil, con un esquema de sanciones diferenciado según la edad del menor y la gravedad del delito. El eje más controvertido es la reducción de la edad mínima de responsabilidad penal a 14 años, dos menos que el umbral vigente en la Argentina.

En cuanto a las penas, el texto establece por primera vez un límite máximo explícito: las condenas privativas de libertad para menores no podrán superar los 15 años. Además, el cumplimiento de las sanciones no se limita a cárceles tradicionales. El proyecto habilita alternativas como el cumplimiento en el domicilio del menor, en centros especializados para adolescentes o en secciones separadas dentro de establecimientos penitenciarios, priorizando esquemas no penitenciarios en función del caso.

La versión que ahora impulsa el Ejecutivo es más moderada que la propuesta original. En su planteo inicial, presentado por Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias de marzo de 2025, la edad de imputabilidad se fijaba en 13 años. Si bien ese proyecto llegó a obtener dictamen en la Cámara de Diputados, nunca fue tratado en el recinto. El texto actual eleva el umbral a 14 años, en un intento por ampliar consensos.

El debate volvió a tomar fuerza tras los reclamos públicos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de una serie de delitos cometidos por menores, entre ellos el asesinato del adolescente Jeremías Monzón en la provincia de Santa Fe.

La reforma del Régimen Penal Juvenil forma parte de un paquete más amplio de prioridades legislativas del Gobierno para las sesiones extraordinarias, que también incluyen la reforma laboral, el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, y la ley de glaciares. Las sesiones se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, en un Congreso donde el oficialismo duplicó su representación tras las elecciones legislativas de octubre.

Con este movimiento, el Ejecutivo busca avanzar en una agenda de seguridad que promete reabrir un debate de alto voltaje político y social, en un contexto parlamentario que, esta vez, le resulta más favorable.