SAN SALVADOR.— El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha dictaminado que Carolina Recinos, jefa del Gabinete del Gobierno de El Salvador, debe reintegrar 25.000 dólares y pagar una multa de 2.300 dólares por una «infracción al deber ético» relacionada con la gestión de fondos destinados a becas, según se ha informado.
Héctor Silva, concejal de la Alcaldía de San Salvador por el partido opositor Nuestro Tiempo (NT) y quien presentó la demanda ante el TEG, anunció en redes sociales la resolución final emitida por dicho tribunal.
En un video, Silva manifestó: «La jefa del Gabinete del presidente de la República (Nayib Bukele) es directamente responsable de hacer un mal uso de su poder y de los recursos del Estado. Eso solo puede ser llamado corrupción».
Asimismo, instó a Recinos a reintegrar al Estado los 25.000 dólares y pagar la multa de 2.300 dólares. También expresó su deseo de que el gobierno de Bukele utilice ese dinero para beneficiar a jóvenes que realmente lo necesitan y no a los funcionarios de alto rango del gobierno.
Además, destacó la importancia de que una institución salvadoreña haya obligado a los implicados a asumir responsabilidad, lo cual consideró más valioso que cualquier multa.
La demanda contra Recinos fue presentada a principios de octubre de 2022, después de que el medio salvadoreño Factum publicara una investigación en la que se afirmaba que la funcionaria había otorgado una beca a su nuera, financiada con recursos del gobierno, para que estudiara una maestría en Rusia.
Según la publicación, Recinos tomó esta decisión en su rol de coordinadora del consejo de administración del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (FANTEL), dos meses después de haber relajado los requisitos para la concesión de dicha beca.
Posteriormente, Recinos renunció a su cargo de coordinadora del Consejo de Administración de FANTEL, según se publicó en el Diario Oficial.
En julio de 2021, Estados Unidos incluyó a Recinos en una lista de personas centroamericanas sospechosas de corrupción o de socavar la democracia. El informe acusa a la funcionaria de incurrir en «corrupción significativa mediante la malversación de fondos públicos para beneficio personal» y afirma que también participó en un esquema de lavado de dinero. Hasta el momento, ni el presidente ni la jefa del Gabinete de Gobierno han reaccionado a las acusaciones provenientes de Estados Unidos.
