LIMA.— Luego de una revisión de los eventos recientes en Perú, se ha confirmado que el juez supremo Juan Carlos Checkley ha ratificado la medida de prisión preventiva por 36 meses impuesta al expresidente Pedro Castillo (2021-2022) en relación con un caso de corrupción bajo investigación.
Esto se determinó al rechazar la solicitud del exmandatario para revisar de manera oficial esta decisión, según lo establecido en una resolución emitida este viernes.
El magistrado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria explicó que la pesquisa sobre Castillo, involucrado en supuestos actos de corrupción en entidades como Petroperú, Provías y el Ministerio de Vivienda, abarca delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, lo cual complica el caso.
Considerando la complejidad del asunto, el juez concluyó que existe un riesgo latente de que Castillo intente fugarse o interfiera en el proceso. Actualmente recluido desde el 7 de diciembre de 2022 en el penal de Barbadillo, en el este de Lima, fecha en la que se desencadenó un intento de golpe de Estado.
La prisión preventiva por estos cargos fue decretada por Checkley el 9 de marzo del año anterior y posteriormente confirmada por la Corte Suprema el 31 del mismo mes.
Castillo enfrenta cargos como presunto autor de delitos contra la tranquilidad pública, incluyendo la organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión, siendo cómplice en este último.
Recientemente, el juez Checkley otorgó la autorización para levantar el secreto bancario de Castillo, así como el de sus exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, en el marco de esta investigación.
El exmandatario asumió la Presidencia de Perú el 28 de julio de 2021, pero su mandato fue cesado el 7 de diciembre de 2022 tras el intento fallido de autogolpe de Estado, llevado a cabo por el Congreso.
Desde ese momento, se encuentra bajo una orden de prisión preventiva de 18 meses por cargos de rebelión y conspiración, además de los 36 meses adicionales de prisión preventiva en la investigación por liderar presuntamente una red corrupta durante su mandato.
