BRASILIA.— El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, enfrenta crecientes dificultades para responder al avance de Flavio Bolsonaro en las encuestas, en medio de tensiones dentro de su propio círculo sobre cómo contrarrestar ese crecimiento. La situación se suma a una serie de crisis que deterioran su nivel de aprobación y ponen en riesgo sus chances en la que podría ser la última campaña electoral de su carrera.

En apenas cuatro meses, Lula vio evaporarse una ventaja de dos dígitos, y Flavio —hijo mayor del ex presidente Jair Bolsonaro— ahora mantiene una leve ventaja de cara a las elecciones de octubre.

Esto generó divisiones entre sus aliados: algunos piden paciencia, mientras otros reclaman que el mandatario adopte una postura más agresiva. Todo esto ocurre mientras Lula enfrenta una desaceleración económica, presiones inflacionarias derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y escándalos de corrupción que alimentan el sentimiento antiestablishment en el país.

La combinación de estos factores llevó la imagen de Lula a los niveles más bajos del año pasado, antes de que la guerra comercial de Donald Trump con Brasil le diera impulso y lo posicionara como favorito electoral. Además, reavivó dudas sobre si, a sus 80 años, es capaz de construir un mensaje efectivo para el votante brasileño actual.

Una investigación de gran escala por presunto fraude en Banco Master SA —una entidad fallida cuyo ex CEO tejió vínculos con la élite política— está impactando en el ánimo del electorado y representa un riesgo político para Lula, aunque no esté acusado de irregularidades.

Según una encuesta de AtlasIntel para Bloomberg, cerca del 60% de los brasileños considera la corrupción como uno de los principales problemas del país. Alrededor del 40% cree que los aliados de Lula están más involucrados en el escándalo, frente a un 28% que señala a los de Bolsonaro, a pesar de que los dirigentes más directamente vinculados al caso están asociados al entorno del ex presidente.

Esto podría explicarse por la percepción de cercanía entre Lula y el Supremo Tribunal Federal, que atraviesa una crisis de credibilidad por supuestos vínculos entre dos jueces y el empresario Daniel Vorcaro. De hecho, el 47% de los brasileños considera que la Corte está “totalmente involucrada” en el caso, más que cualquier otra institución.

A medida que el escándalo se profundiza, Lula comenzó a adoptar un tono más de campaña. La semana pasada responsabilizó a Jair Bolsonaro y al ex titular del Banco Central, Roberto Campos Neto, por el origen del caso, y destacó que su Gobierno fue el que detectó irregularidades en el sistema previsional. En paralelo, las autoridades investigan posibles vínculos de uno de sus hijos con ese expediente, aunque Lula tampoco está acusado en ese frente.

Por ahora, el presidente no planea respaldar iniciativas del Congreso contra el Poder Judicial y, además, ha evitado mencionar a Flavio Bolsonaro en sus actos. Parte de su entorno considera que el senador de 44 años es más fácil de derrotar que el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, preferido por los inversores y también cercano a Bolsonaro.

Esa estrategia generó debate interno: algunos sostienen que evitar confrontar con Flavio hasta abril —fecha límite para que Freitas defina su candidatura— fue un error, ya que permitió que el senador se posicione como una versión más moderada de su padre, actualmente preso por intentar un golpe de Estado.

Pesimismo económico y presión inflacionaria

En paralelo, el Gobierno de Lula acelera medidas para mitigar el impacto del alza del petróleo derivada del conflicto en Medio Oriente, que amenaza con presionar la inflación en Brasil y a nivel global. Entre las iniciativas, redujo impuestos, otorgó subsidios al diésel y evalúa nuevas líneas de financiamiento para empresas afectadas por la guerra y los aranceles de Estados Unidos.

El propio Lula reconoció recientemente que los brasileños no perciben mejoras en la economía, a pesar del bajo desempleo. Según el sondeo, el 57% considera que la situación actual es mala y el 51% cree que empeorará en los próximos seis meses. Además, el 47% planea reducir su consumo en el corto plazo, lo que refleja una creciente preocupación por la suba de precios.