BRASILIA.— El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, prometió en la 27 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra en Egipto, acabar con la devastación en la Amazonía y volver a poner al país sudamericano en el centro del debate sobre el clima.
La aparición de Lula, quien el año pasado protagonizó un regreso extraordinario a los primeros planos políticos luego de un período en la cárcel por corrupción, fue probablemente uno de los acontecimientos que inyectó más energía en la conferencia COP27.
Según datos recopilados por la AP, durante la primera presidencia de Lula, de 2003 a 2010, se redujo enormemente la deforestación de la selva brasileña, y él ha prometido hacerlo nuevamente.
Encontro com representações da sociedade civil brasileira hoje na #COP27. Nosso governo será construído com participação e escuta. Temos muitos desafios e com a ajuda de todos vamos reconstruir o Brasil.
📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/8xswGY74VG
— Lula (@LulaOficial) November 17, 2022
Después de reunirse con varios gobernadores brasileños, entre ellos los de estados selváticos como Amazonia y Para, Lula dirigió un breve discurso a la multitud.
«La frase que más he escuchado de líderes de diferentes países es ‘el mundo echa de menos a Brasil’; quiero deciros que Brasil ha vuelto», informó, y subrayó en todo momento que el futuro Gobierno luchará de forma incansable para acabar con la deforestación ilegal tanto en la Amazonía como en el resto de los biomas.
Lula recordó que en los tres primeros años de Gobierno de Jair Bolsonaro la deforestación en la Amazonía aumentó un 73%, y añadió: «Esa devastación quedará en el pasado, los delitos ambientales, que crecieron de forma alarmante, ahora serán combatidos sin tregua«.
El presidente electo prometió castigar «con todo rigor» las actividades ilegales en la selva, y reiteró la antigua promesa asumida por Brasil años atrás de acabar con la deforestación ilegal en el año 2030.
También reafirmó la promesa de crear un Ministerio de los Pueblos Originarios para que sean los propios indígenas, los que más sufren las agresiones que suponen la deforestación y otros delitos ambientales, quienes propongan al Gobierno políticas públicas para proteger sus territorios.
