CARACAS.- El pasado mes de enero la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó un decreto, por unanimidad, para adelantar las elecciones presidenciales previstas en diciembre para el 22 de abril y coincidiendo con su segundo al mando, Diosdado Cabello, Maduro llamó a realizar elecciones de los consejos legislativos del país el mismo día, como informó Último Cable. 

Los dos poderes legislativos en Venezuela, la Asamblea Nacional, integrada por la oposición desde 2016 y la Asamblea Constituyente conformada en su totalidad por oficialistas y presidida por la fanática chavista Delcy Rodríguez, despojó de su poder a la primera, algo muy conveniente para el presidente. Vale la pena recordar que el Tribunal Supremo de Justicia, dominado también por el oficialismo, le quitó el año pasado poderes legislativos a la AN al fallar reiteradamente contra sus desiciones. 

Aprovechando la división e indecisión de la oposicion, ademas de que los principales líderes opositores Henrique Capriles y Leopoldo Lopez, se encuentran inhabilitados para presentarse en los comicios, el camino esta hecho para que Nicolas Maduro se ratifique en el poder hasta el 2025. Quedan pocos días para que finalice el plazo de inscripción de candidatos y parece que la oposición se inclina por marginarse y tachar de ilegitima la posible reelección de Maduro. 

La Mesa de Unidad Democrática (MUD), es una alianza de casi una veintena de partidos, uno de ellos es el Movimiento al Socialismo (MAS) que pide que se participe en las elecciones, en caso de hacerlo apoyarían a Henri Falcón, ex chavista, y por el otro lado esta el evangelista Javier Bertucci, quien resulto implicado en la investigación de 2017 “Panama Papers”, estos son los dos posibles candidatos opositores. 

La dictadura venezolana ha llevado en los últimos años al país a un estado terminal, y Nicolas Maduro se encuentra pronto a ser solicitado por la justicia, se espera que una orden de captura internacional en su contra sea emitida en las próximas semanas, pesan sobre el mandatario y varios generales, principalmente Diosdado Cabello, acusaciones respecto a lavado de activos y trafico de drogas.