CIUDAD DE MÉXICO.— El Congreso mexicano aprobó una ley destinada a reforzar el combate contra el lavado de dinero, pocos días después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusara a tres entidades financieras locales de facilitar transacciones a empresas vinculadas con el narcotráfico.
La reforma de la ley para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita fue aprobada en la Cámara de Diputados por una amplia mayoría de 349 votos a favor, 38 en contra y 91 abstenciones. La propuesta contó con el respaldo de la mayoría de los legisladores del partido oficialista Morena, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La iniciativa se convertirá en ley tras la firma de Sheinbaum, lo que se da por descontado, ya que previamente fue aprobada por el Senado.
La nueva legislación autoriza a la Secretaría de Hacienda a recabar información de cualquier organismo gubernamental, ya sea nacional o local, así como de partidos políticos o sindicatos. Desde la oposición se cuestionó que la reforma permite a Hacienda actuar sin control judicial.
Las acusaciones de Estados Unidos apuntan indirectamente al violento entramado criminal de México, incluido el Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque las tres firmas señaladas por el Tesoro tienen un peso relativamente menor en el sistema financiero mexicano.
En el marco del renovado impulso por frenar actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico —especialmente el letal opioide sintético fentanilo—, la ley establece que las autoridades financieras deben coordinarse con la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional.
La legislación también amplía la lista de actividades vulnerables, incorporando sectores como el mercado inmobiliario, los fideicomisos y el comercio de criptomonedas.
En casos de lavado de dinero dentro del sistema financiero, y a solicitud de la Secretaría de Hacienda, los fiscales federales podrán iniciar investigaciones y aplicar sanciones penales a los implicados.
La semana pasada, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro estadounidense impuso restricciones a tres entidades mexicanas: CIBanco SA, Intercam Banco SA y Vector Casa de Bolsa SA, prohibiéndoles realizar ciertas transferencias. Las autoridades estadounidenses justificaron la medida por sospechas de que las firmas facilitaron operaciones para lavar dinero de narcotraficantes, una acusación que las tres entidades niegan tajantemente.
No obstante, los reguladores financieros de México intervinieron las tres instituciones tras las denuncias.
