NUEVA DELHI.- El ministro principal de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, insinuó imponer un toque de queda en ciertas partes de la capital india, tras disturbios y enfrentamientos interétnicos que dejó un saldo de 20 muertos y más de 150 heridos en los últimos tres días.
“He estado en contacto con gran cantidad de personas toda la noche. Situación alarmante. La Policía, a pesar de todos sus esfuerzos, no puede controlar la situación e infundir confianza. Habría que llamar al ejército e imponer el toque de queda en el resto de áreas afectadas de inmediato”, publicó el funcionario en Twitter.
I have been in touch wid large no of people whole nite. Situation alarming. Police, despite all its efforts, unable to control situation and instil confidence
Army shud be called in and curfew imposed in rest of affected areas immediately
Am writing to Hon’ble HM to this effect
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 26, 2020
El Tribunal Superior de Delhi, al celebrar una audiencia en la noche del 25 al 26 de febrero, solicitó a la Policía municipal que despliegue los recursos necesarios para garantizar un paso seguro para los heridos, y que presente luego un informe sobre las asistencia que se les proporcionó.
El conflicto y la tensión estalló el 25 de febrero, luego de que grupos manifestantes hindúes que apoyan la polémica ley de ciudadanía conocida como CAA llegaran a enfrentarse con musulmanes que repudian la normativa.
Las protestas coincidieron con la visita de Estado del presidente estadounidense, Donald Trump.
Las autoridades descartan por el momento el despliegue de las Fuerzas Armadas para poner fin a la violencia, alegando que hay suficientes policías y paramilitares sobre el terreno.
La polémica ley de ciudadanía, que desató boites de violencia a lo largo de la India a finales del año pasado, simplifica el proceso de naturalización para las minorías “perseguidas” budistas, sijes, hindúes, paráis y cristianos de Pakistán, Afganistán y Bangladés.
Los críticos de la ley alegan su carácter discriminatorio por excluir a los musulmanes, a pesar de que representan más del 10% de la población total del país, y podría allanar el camino para deportaciones de millones de fieles al islam que se instalaron en ese país hace muchos años, pero no han podido regular su situación.
