JERUSALÉN.- El primer ministro Benjamín Netanyahu se enfrenta este miércoles al día clave si quiere continuar en el cargo.
Diez abogados representan este miércoles a Netanyahu en la audiencia ante el fiscal general del Estado, Avichai Mandeblit, para defenderlo de las acusaciones de cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos de corrupción.
El jefe del Likud, a cargo de formar el próximo Ejecutivo, no asistió a la audiencia que comenzó esta mañana en la sede del Ministerio de Justicia y se prolongará durante cuatro días.
El miércoles y jueves, el equipo legal de Netanyahu presentará sus argumentos de defensa del caso conocido como 4.000 o caso Bezeq, el más grave porque incluye un supuesto delito de cohecho.
Se acusa a Netanyahu de hacer favores entre 2012 y 2017 al gigante de telefonía israelí Bezeq a cambio de cobertura favorable para él y su mujer Sara en un medio digital de noticias Walla, ambos controlados por el empresario Shaul Elovitch.
Netanyahu, que niega todas las acusaciones, pidió que la audiencia se retransmitiera en directo porque no tiene “nada que ocultar”.
El fiscal rechazó la petición alegando que la solicitud tiene terrenos inequívocos, diciendo que la audiencia tenía la intención de convencer a las autoridades legales, no al público.
Después de la audiencia, se espera que las deliberaciones del fiscal general sobre si emitir o no las acusaciones continúen durante semanas.
Como acusado, Netanyahu no estaría obligado a dejar su cargo de primer ministro o diputado, pero si finalmente es condenado, el Parlamento podrá votar su destitución si el delito implica “depravación moral” como en el caso de cargo de cohecho, según recoge la Ley Básica israelí, con rango constitucional.
Lo que sí provocaría la formalización de su acusación es la imposibilidad de que Netanyahu se siente en un gobierno de unidad con su rival Benny Gantz, de la coalición Azul y Blanco.
La formación canceló hoy sus reuniones con el Likud y el encuentro entre los dos líderes, al considerar que Netanyahu lo quería utilizar “para desviar la atención de su situación judicial”, según declaro un portavoz de Azul y Blanco.
