LIMA.— El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 90 días en el área amazónica afectada por un derrame de petróleo donde viven unos 2.500 indígenas, según informó este domingo el Ministerio de Medio Ambiente.
La decisión se toma nueve días después de que una rotura en el Oleoducto Norperuano vertiera unos 2.500 barriles de crudo en el río Cuninico, en la región de Loreto (noreste), afectando a seis comunidades indígenas. «Se ha declarado en emergencia ambiental el área geográfica impactada en las comunidades de Cuninico y Urarinas», indica un comunicado del Ministerio.
La cartera señaló que el derrame se produjo en una zona donde se realiza «pesca artesanal». La medida pretende facilitar las operaciones de recuperación para minimizar la contaminación ambiental. «Con esto se busca proteger la salud de los habitantes de esa zona del país y la conservación de los recursos naturales que alberga dicho territorio amazónico», agregó el Ministerio.
📢 El Gobierno -en atención al impacto ecosistémico y la salud de las personas provocado por el reciente derrame de hidrocarburos en Loreto- declara en #EmergenciaAmbiental el área geográfica cercana a las comunidades de Cuninico y Urarinas.
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— Ministerio del Ambiente 🇵🇪♻️ (@MinamPeru) September 25, 2022
El Oleoducto Norperuano, una de las obras de mayor envergadura del país, fue construido hace cuatro décadas para transportar el crudo desde la región amazónica hasta Piura, en la costa, extendiéndose por unos 800 km. Según la empresa estatal Petroperú el derrame fue resultado de un corte intencional de 21 centímetros a la tubería del oleoducto.
El derrame, que fue controlado, afecta a seis comunidades de personas kukamas de la quebrada Cuninico, cuyos dirigentes denunciaron a la prensa que el río se encuentra contaminado. La Fiscalía inició esta semana una investigación para confirmar las causas del incidente ambiental.
Petroperú ha reportado -desde enero- 11 atentados a su oleoducto en Loreto, que han provocado derrames de crudo. El oleoducto registra al menos 29 actos de sabotaje desde 2014, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.