LIMA.— El martes, el Gobierno de Perú promulgó un decreto que introduce modificaciones en la Ley de Migraciones, estableciendo un procedimiento administrativo sancionador especial y excepcional. Este procedimiento tiene como objetivo agilizar la expulsión de personas extranjeras que se encuentren en situación irregular.

Las disposiciones del procedimiento sancionador aplicarán a quienes ingresen al país eludiendo el control migratorio, así como a aquellos que realicen actividades que comprometan o pongan en riesgo el orden público, interno, la seguridad nacional o la ciudadana. Estas acciones se tipifican como infracciones según el artículo 58 de la Ley de Migraciones.

Este procedimiento excepcional consta de una única audiencia, que podrá ser virtual o presencial, y no excederá las 24 horas desde la retención administrativa por parte de la Policía Nacional. Se divide en una fase instructora y otra sancionadora, iniciando con la imputación de cargos por parte de la autoridad migratoria, respaldada por un informe policial, y culminando con la notificación de la resolución de la autoridad sancionadora.

En caso de comprobarse la infracción, Migraciones emitirá una resolución de sanción que ordenará la expulsión inmediata. No obstante, si se requieren procedimientos adicionales, el caso será transferido a las disposiciones del procedimiento administrativo ordinario.

Además, la nueva ley contempla sanciones para las empresas de transporte interprovincial que trasladen a personas migrantes en situación irregular. La Superintendencia de Migraciones también tendrá la facultad de sancionar a los operadores de transporte marítimo, fluvial o lacustre que no remitan la información de registro y control de tripulantes dentro de las 48 horas posteriores al arribo o zarpe al territorio peruano.

La normativa también otorga a Migraciones la capacidad de fiscalizar los servicios de hospedaje, quienes tienen la obligación de colaborar con las verificaciones migratorias bajo riesgo de sanciones en caso de incumplimiento.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, expresó un día antes que las personas migrantes en situación irregular «deben retornar a sus países». Afirmó la firme decisión del Gobierno en esta medida, subrayando que Perú recibe a quienes son admitidos según las normativas y no permite la entrada arbitraria que vulnere las reglas establecidas, priorizando la seguridad y la paz de los 33 millones de peruanos.