LIMA.— Las autoridades de Perú han confirmado la continuación de la orden de impedimento de ingreso al país para el expresidente boliviano Evo Morales. Esto sucede después de que un tribunal revocara una resolución previa que había admitido un recurso de habeas corpus, anulando la alerta migratoria emitida contra el exgobernante.

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró «improcedente por sustracción de la materia» el habeas corpus presentado a favor de Morales. Argumentaron que la situación jurídica y la libertad del exmandatario «en la actualidad se encuentran sin ninguna afectación» y que «no ha mostrado siquiera algún indicio o intento de querer ingresar al Perú».

Fuentes de la Superintendencia de Migraciones confirmaron la decisión y resaltaron que el fallo «subraya la soberanía del Estado peruano para regular el ingreso de extranjeros a su territorio» y «reconoce que la presencia de Evo Morales podría afectar la seguridad interna del país».

El Ministerio del Interior de Perú anunció el 9 de enero de 2023, a través de Migraciones, la imposición del impedimento de ingreso al país para Evo Morales y otros ocho ciudadanos bolivianos.

Esta medida se tomó en medio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y la clase política peruana, que dejaron varias víctimas. Se argumentó que ciudadanos bolivianos ingresaban para realizar actividades políticas proselitistas, consideradas contrarias a la legislación migratoria, la seguridad nacional y el orden interno.

Aunque en noviembre pasado, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima había declarado fundado en parte el habeas corpus presentado a favor de Morales, la Segunda Sala Constitucional, tras una apelación de las autoridades, concluyó que el actuar de Migraciones no fue arbitrario y que la decisión se justificó plenamente, basándose en un informe de inteligencia que calificó a Morales como «una persona peligrosa para la seguridad del Estado».

En consecuencia, revocó la resolución del 17 de noviembre de 2023 y declaró «improcedente la demanda» presentada contra la Superintendencia de Migraciones.