BOGOTÁ.— La administración de Gustavo Petro vuelve al centro del debate tras una investigación que revela presuntos vínculos entre funcionarios del Gobierno y disidencias de las FARC.

La presidencia de Gustavo Petro enfrenta una nueva crisis política luego de que una investigación periodística de Noticias Caracol señalara presuntos contactos entre altos funcionarios del Gobierno y la estructura disidente de las FARC encabezada por Alexander “Calarcá” Díaz. El informe, basado en dispositivos incautados en 2024, reabre el debate sobre la fortaleza institucional y la capacidad del Ejecutivo para manejar escándalos de alto impacto.

Los archivos analizados —cartas, fotografías, listados y cadenas de mensajes— mencionan al general retirado Juan Miguel Huertas, reincorporado al Ejército en 2025, y a Wilmer Mejía, directivo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ambos aparecen en supuestas gestiones para facilitar el movimiento de estructuras armadas y para respaldar la creación de una empresa de seguridad vinculada a integrantes de la disidencia.

Tras la difusión del caso, la Procuraduría ordenó la suspensión provisional de Huertas y Mejía, mientras la Fiscalía abrió nuevas líneas de investigación. El Ministerio de Defensa inició revisiones internas para determinar responsabilidades ante lo que podría constituir una falla de control de alcance interinstitucional.

Sin embargo, el debate político se ha desplazado hacia la respuesta del presidente Petro. Analistas señalan un patrón que prioriza la cohesión interna por encima de la depuración de responsabilidades y la transparencia.

Según el politólogo Alejandro Chala, entrevistado por la Agencia Sputnik, Petro elaboró hasta seis hipótesis distintas para explicar la filtración: desde supuestas manipulaciones de información hasta dudas sobre el momento en que Huertas habría dejado la institución. Para el experto, esta multiplicidad refleja incertidumbre y un intento por proteger a figuras cercanas.

La situación recuerda la crisis de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo meses atrás, cuando el mandatario también defendió a funcionarios cuestionados, generando desgaste político y alimentando la percepción de un Gobierno reactivo más que preventivo.

El presidente ha interpretado las publicaciones sobre el caso como ataques contra la legitimidad de su administración, ubicando a los medios de comunicación como actores centrales en un relato de confrontación. Este enfoque, señala Chala, tensiona aún más la relación del Ejecutivo con la prensa, condiciona la percepción pública y limita la eficacia institucional al generar un repliegue defensivo.

El caso va más allá de los nombres implicados. Los documentos incautados sugieren contactos en batallones del Ejército, posibles rutas sin control y gestiones operativas que, de confirmarse, comprometerían la autonomía y la integridad de los organismos encargados de enfrentar a los grupos armados. El alcance real de la infiltración está siendo investigado por los órganos de control.

Para expertos, la respuesta del Ejecutivo —centrada en negar autenticidad, plantear escenarios alternativos y denunciar conspiraciones— dificulta una reacción coherente frente a la gravedad de los hallazgos.

Mientras avanzan las averiguaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y los organismos de inteligencia, el llamado “caso Calarcá” se consolida como una prueba clave para evaluar la capacidad del Gobierno de Petro de gestionar crisis, asumir responsabilidades y garantizar transparencia en un momento decisivo para su proyecto de Paz Total.