LIMA.— El expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien gobernó entre 2016 y 2018, enfrenta un pedido de condena de 35 años de prisión por presunto lavado de activos y organización criminal en un proceso vinculado al caso Odebrecht en Perú.
El pedido fue presentado por el Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, como parte de la acusación por presunta corrupción contra el exmandatario.
Según la Fiscalía, el grupo organizado por Kuczynski recibió más de $12 millones de la empresa brasileña Odebrecht y otras compañías en consultorías y asesorías encubiertas relacionadas con obras como Olmos, IIRSA y Rutas de Lima, entre otras operaciones relacionadas con el caso de corrupción Lava Jato.
El Ministerio Público también ha incluido en la acusación a cuatro personas naturales y cuatro personas jurídicas, contra quienes se han solicitado penas de entre 11 y 35 años de privación de libertad.
En respuesta, el abogado de Kuczynski, Julio Midolo, ha declarado que su defendido no ha cometido delito de lavado de activos y ha agregado que está «bastante tranquilo» y confía en que se demostrará su inocencia.
El exmandatario se encuentra actualmente en libertad después de haber cumplido arresto domiciliario hasta abril de 2022 por otra investigación que se le sigue por presuntos aportes irregulares a su campaña electoral de 2016 por parte de la empresa Construcción y Administración S.A, que no fueron registrados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Kuczynski también ha sido implicado en la investigación de los «papeles de Pandora», ya que se señala que adquirió una empresa en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas cuando era ministro de Economía de Toledo.
Además de Kuczynski, los expresidentes peruanos Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016) han sido comprometidos en el escándalo de sobornos de Odebrecht, con Toledo cumpliendo actualmente prisión preventiva tras ser extraditado de los Estados Unidos y Humala sometido a un juicio oral.
También se incluyó en las investigaciones a Alan García (1995-2000, 2006-2011), quien se suicidó en 2019, así como a una serie de funcionarios, autoridades locales y a la excandidata presidencial y líder opositora Keiko Fujimori.
