SAN SALVADOR.— El Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador informó que más de 280 personas de nacionalidad colombiana, con «situación irregular» en el país centroamericano, han abandonado el territorio tras descubrirse la existencia de una organización delictiva «trasnacional» dedicada a préstamos ilegales de dinero. El titular del Ministerio, Gustavo Villatoro, dio a conocer esta situación luego de que el pasado 17 de julio afirmara que había más de 400 colombianos en el país de manera irregular, otorgándoles 72 horas para salir del territorio salvadoreño.
Villatoro señaló que durante ese lapso de 72 horas, se registraron un poco más de 280 salidas de ciudadanos colombianos. Además, se tiene información de que algunos de ellos podrían haber dejado el país por pasos no habilitados, buscando llegar a la zona de Guatemala, donde también opera dicha organización delictiva.
El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, había mencionado previamente que existía una supuesta organización «criminal» en el país centroamericano, mayormente conformada por colombianos, dedicada a estafas y lavado de dinero. Hasta el momento, 110 personas vinculadas a esta estructura, la mayoría de origen colombiano, han sido detenidas. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre la fecha de dichas capturas ni la presentación de los extranjeros arrestados ante los tribunales correspondientes.
La Cancillería colombiana emitió un comunicado el 19 de julio donde informaba que las autoridades de El Salvador habían detenido a más de 60 ciudadanos colombianos desde 2022, acusados de supuestamente pertenecer a organizaciones delictivas dedicadas a préstamos ilegales de dinero. Según la información oficial, la Sección Consular había tenido conocimiento de un total de 63 detenciones de connacionales bajo esta causa desde marzo de 2022 hasta la fecha.
La revelación sobre la existencia de la organización delictiva en El Salvador se produce en medio de denuncias realizadas por familiares de personas colombianas a través de organizaciones de derechos humanos del país. Dichas denuncias involucran la captura de sus parientes en el contexto de un régimen de excepción implementado por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir las pandillas.
