MONTEVIDEO.—Este lunes se produjo un acuerdo entre Uruguay y Bolivia con el propósito de establecer diversas «estrategias de acción» orientadas a la búsqueda y aprehensión de Sebastián Marset, ciudadano uruguayo acusado de delitos relacionados con el narcotráfico.

Marset actualmente evade la justicia boliviana y enfrenta requerimientos de las autoridades paraguayas.

Tras un encuentro entre Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior de Bolivia, y Luis Alberto Heber, ministro del Interior de Uruguay, se comunicó a la prensa que ambas naciones colaborarán en tres ámbitos esenciales. Uno de ellos es la implementación de una «estrategia de combate y persecución efectiva» enfocada en neutralizar a los «grupos influyentes que brindan protección» a Marset.

Asimismo, se abordará la cuestión del lavado de activos en relación con Marset. Hasta el momento, la policía boliviana ha confiscado 43 propiedades, cuyo valor total asciende a 9 millones de euros, y ha realizado la detención de aproximadamente 21 individuos vinculados a este caso.

Una segunda línea de acción, según Aguilera, contempla el fortalecimiento de los aspectos legales que habrían permitido al uruguayo «eludir los procedimientos penales» y permanecer «pasivo».

El representante del Gobierno de Bolivia afirmó que, en conjunto con el Ministerio del Interior uruguayo, se promoverá el «intercambio operativo» y se establecerán «centros de cooperación» con el fin de facilitar el flujo de «inteligencia en tiempo real».

«No poseemos información que nos permita determinar el paradero exacto. No obstante, desde Bolivia, la búsqueda es constante. Si el individuo se encuentra en nuestro territorio, será localizado, y si se halla en el extranjero, también lo encontraremos con la colaboración internacional», concluyó Aguilera.

Marset posee órdenes de captura emitidas por Europol e Interpol, además de enfrentar requerimientos judiciales en Brasil y Paraguay, así como por parte de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Este caso ha puesto en tela de juicio varias instituciones bolivianas debido a la aparente facilidad con la que Marset logró establecerse en el país utilizando documentos de identidad falsos. Además, se descubrió que fundó y jugó en un equipo de fútbol de segunda división, manejando grandes sumas de dinero sin levantar sospechas.

Se acusa a Marset de liderar una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas y, según fuentes periodísticas, se le vincula con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en mayo de 2022, en Colombia.