WASHINGTON.- Cinco estados, liderados por California presentaron este viernes una demanda contra la nueva norma de “carga pública” del gobierno de Donald Trump. La cual busca limitar la residencia permanente a inmigrantes que reciben “demasiados” beneficios públicos.
“Es obvio lo que este gobierno está haciendo. Es artero más allá de las palabras y California no será parte de eso”, dijo el gobernador del estado Gavin Newsom.
La regla de la Casa Blanca es una redefinición de “carga pública” que afecta a los inmigrantes que reciben bonos para alimentos, atención médica pública y otras asistencias. Estos extranjeros, en su gran mayoría hispanos, ven ahora amenazadas sus esperanzas de conseguir la ciudadanía.
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En esa línea, un grupo de estados demandó este viernes al gobierno de Donald Trump por su nueva reglamentación sobre inmigrantes que reciban ayudas sociales.
Los fiscales generales de California, Maine, Oregón, Pensilvania y el Distrito de Columbia presentaron la demanda en un tribunal federal en San Francisco. Los demandantes alegan la norma es inconstitucional y apunta de forma desproporcionada a inmigrantes no blancos.
“Esta cruel política obligaría a los padres y familias inmigrantes que trabajan en todo el país a renunciar a las necesidades básicas como alimentos, vivienda y atención médica por miedo a ser rechazados. Eso es simplemente inaceptable”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra en conferencia de prensa en Sacramento.
Trump quiere inmigrantes “financieramente autosuficientes”
La demanda argumenta que la ley atenta contra personas marginadas, incluidos niños, ancianos y familias de bajos salarios. La regla fue motivada por un ánimo intencional basado en la raza y el origen de los individuos proveniente de lo que el presidente Trump ha denominado “países de mierda”.
El término “carga pública” suele definir a quien depende principalmente del gobierno. El nuevo criterio implica que 22 millones de residentes no ciudadanos de Estados Unidos que reciben subsidios no podrán obtener tarjetas de residencia o ciudadanía estadounidense.
Además, los migrantes no obtendrán visas de residencia si se los considera demasiado pobres y con tendencia a necesitar asistencia social.
