BOGOTÁ.—   Una de las democracias más antiguas de América Latina está bajo asedio de poderosas bandas criminales, y la cacería de tres señores de la guerra buscados por Donald Trump amenaza con provocar aún más caos antes de que los colombianos voten este año.

Los candidatos ya se mantienen en gran medida alejados de la campaña en territorio, en medio de una ola de ataques que incluyó el asesinato con ametralladoras de los escoltas de un senador, el secuestro de otro legislador y el primer homicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas.

Las milicias señaladas por el derramamiento de sangre atraviesan uno de sus momentos de mayor fortaleza en años, tras el fracaso de las negociaciones de paz y en pleno mayor auge de la cocaína de la historia. Partes del campo colombiano se han convertido en zonas vedadas para los políticos.

“Antes caminaba, hacía recorridas, pero ahora no puedo hacer nada de eso”, dijo Paloma Valencia, candidata presidencial del partido Centro Democrático. “Vemos a muchos de los nuestros amenazados en distintas regiones del país, así que hacer política se vuelve muy difícil”. Cuando otro candidato prominente visitó recientemente las oficinas de Bloomberg en Bogotá, uno de sus guardaespaldas bajó las persianas para evitar posibles francotiradores.

El deterioro de la seguridad también contribuyó a una caída de la inversión, ya que extorsionadores apuntan a sectores como transporte de carga, energía y agroindustria, que operan en zonas remotas. Excluyendo la pandemia, la inversión como proporción del PBI cayó a niveles no vistos desde la década de 1970. El Consejo Nacional Empresarial de Colombia advirtió que la violencia vinculada al proceso electoral podría seguir afectando el clima de negocios y elevar los costos este año.

Mientras la violencia se intensifica antes de las elecciones legislativas de marzo y las presidenciales de mayo, las encuestas muestran liderando la carrera a dos candidatos con posturas de seguridad radicalmente distintas: Iván Cepeda, uno de los arquitectos del plan de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro para negociar con organizaciones criminales, y Abelardo de la Espriella, de línea dura en seguridad, quien prometió frenar los diálogos y “neutralizar” a quienes no se entreguen.

Existe un alto riesgo de más disturbios en las próximas semanas. Petro prometió adoptar una postura más agresiva contra las bandas criminales tras su reunión del 3 de febrero en la Casa Blanca con Trump, al acordar perseguir a líderes milicianos requeridos por EE.UU. por narcotráfico.

Uno de ellos es conocido como “Chiquito Malo”, líder del Clan del Golfo, el mayor cartel de cocaína de Colombia. El grupo rompió las negociaciones de paz al día siguiente, acusando al gobierno de actuar de mala fe.

El Clan del Golfo y la guerrilla conocida como ELN podrían tomar represalias imponiendo toques de queda en sus territorios, prohibiendo la circulación de vehículos y confinando a la población en sus hogares, según Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, organización con sede en Bogotá que monitorea el conflicto. Eso haría imposible hacer campaña en esas regiones.

El número de municipios en “riesgo extremo” de violencia casi se duplicó respecto de las elecciones de hace cuatro años, según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), organismo independiente.

Las antiguas guerrillas colombianas luchaban por una revolución al estilo cubano. Pero las nuevas facciones se concentran principalmente en proteger sus negocios ilegales, explicó Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo. Los grupos armados pueden prohibir candidatos en zonas que controlan, vetar ciertos temas y presionar a la población para votar por un aspirante específico o abstenerse.

“No les interesa tanto si el candidato es de derecha o de izquierda, sino si será un obstáculo para su control del territorio y de la población”, afirmó Marín Ortiz.

El asesinato el año pasado del aspirante presidencial Miguel Uribe a manos de un sicario adolescente hizo retroceder al país décadas, a una época en que el Estado era débil frente a los carteles de cocaína, sostuvo Juan Manuel Galán, candidato presidencial del Nuevo Liberalismo.

El propio padre de Galán era favorito para ganar la presidencia cuando fue asesinado por el cartel de Medellín de Pablo Escobar en 1989. Galán considera que los grupos actuales son incluso más poderosos y peligrosos que Escobar.

“Estos grupos están envalentonados y son cada vez más agresivos en sus acciones”, señaló.

Aquella campaña electoral fue una de las más violentas de la historia mundial: escuadrones de la muerte atacaban a líderes de izquierda y los carteles buscaban eliminar a candidatos que apoyaban la extradición a EE.UU. Dos aspirantes presidenciales más fueron asesinados al año siguiente, y más de 100 personas murieron cuando un avión fue derribado por una bomba destinada a matar a César Gaviria, quien finalmente resultó electo.

A pesar de todo, la democracia colombiana sobrevivió a décadas de violencia narco y conflicto civil, incluso mientras dictaduras militares dominaban buena parte de América Latina en los años 70 y 80.

La búsqueda de Petro de alcanzar la paz mediante negociaciones con grupos armados no logró desmovilizaciones significativas. Por el contrario, estos aprovecharon la menor presión militar para enriquecerse con la cocaína, la extorsión y la minería ilegal de oro. Actualmente hay diálogos con ocho grupos, aunque algunas de las facciones más peligrosas no participan.

Entre ellas están miles de combatientes liderados por el jefe conocido como Iván Mordisco, asentado en los márgenes de la Amazonía en el sur del país. Mordisco, otro de los narcotraficantes buscados por Trump, amenazó el proceso electoral ante el aumento de la presión militar sobre su organización.

El partido Centro Democrático publicó una foto de una pancarta atribuida a uno de los aliados de Mordisco, que prohibía a sus dirigentes ingresar en su territorio, incluida Valencia.

Choferes y guardaespaldas de políticos son habituales en barrios acomodados de Bogotá, generando molestias cuando bloquean el tránsito mientras protegen a sus jefes. Pero su utilidad es limitada en regiones donde el Estado casi no tiene presencia y donde mandan las bandas criminales.

Proteger a los principales candidatos presidenciales ya es difícil; el riesgo es aún mayor para los más de 3.000 aspirantes al Congreso. Es prácticamente imposible garantizar seguridad adecuada para todos en zonas bajo control de grupos armados ilegales, explicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

El país está atravesado por “fronteras invisibles” que los candidatos no pueden cruzar con seguridad, dijo.

En algunas regiones, el control de los grupos armados es tan fuerte que resulta extremadamente riesgoso hacer campaña sin su permiso. En Arauca, bastión del ELN en la frontera con Venezuela, hombres armados dispararon este mes contra vehículos del senador Jairo Castellanos, matando a dos escoltas y secuestrando brevemente a otros tres integrantes de su equipo. Castellanos, que no estaba presente durante el ataque, señaló que uno de sus vehículos recibió más de 400 disparos.

El ELN emitió un comunicado insinuando que sus combatientes reaccionaron porque el conductor se negó a detenerse, y afirmó que las campañas políticas deben respetar sus puestos de control.