DAMASCO.- El gobierno sirio ha estado usando una «ley antiterrorista» para apoderarse de las propiedades de los disidentes y sus familias, a medida que recupera el control de las áreas que estaban bajo control opositor, informaron grupos de derechos humanos y algunas de las personas afectadas.
Con el conflicto de Siria estabilizado y con las fuerzas del presidente Bashar al-Assad de nuevo en control de las mayores ciudades, hay un enfoque cada vez más importante respecto de cómo manejará las áreas donde estalló el levantamiento de 2011 contra él.
La atención internacional se ha centrado en políticas, como la legislación conocida como Ley 10, que podrían eventualmente permitir que el gobierno desposea a las personas en los baluartes de la oposición que se han visto más perjudicados en la guerra. Pero mientras la Ley 10 aún no se ha puesto en práctica, la «ley antiterrorista» se ha utilizado para incautar bienes, incluso de personas que no participaron en la violencia, según grupos de derechos humanos.
Las listas que circulan en línea, que los grupos de derechos creen que son precisas, muestran que se han realizado cientos de órdenes de incautación de propiedades, lo que afecta a miles de personas. Inicialmente, los activos se congelan bajo estas órdenes, lo que impide que los propietarios los vendan o utilicen comercialmente. Cuando se ejecuten las incautaciones, el estado subastará los activos.
Human Rights Watch (HRW) dijo que las órdenes de congelar activos se encuentran entre las numerosas leyes que el gobierno sirio usa para castigar a los disidentes y opositores políticos. Damasco, por su parte, niega atacar a los disidentes pacíficos con sus leyes antiterroristas, o despojar ilegalmente a personas.
Dos grupos de derechos sirios, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos y la Red Siria para los Derechos Humanos, informaron que habían verificado numerosos casos. La red aseguró haber registrado a por lo menos 327 personas afectadas por incautaciones de propiedad desde 2014 hasta 2018. El Observatorio sostuvo otros 93 casos de incautaciones de propiedad que afectan a activistas de la oposición. Agreraron que son conscientes de muchos otros casos, pero no pudieron verificarlos porque los involucrados se encontraban demasiado asustados para hablar libremente.
Los afectados, que ya temen por sus vidas si regresan después de ser calificados de «terroristas», también enfrentan una pérdida de propiedad que podría desalentar a los miembros de sus familias a regresar a los antiguos hogares.
