CIUDAD DE MÉXICO.—A pesar de la resistencia de numerosos empleados judiciales que han protagonizado huelgas y manifestaciones en diversas ciudades de México, el Senado aprobó el pasado martes (24 de octubre de 2023) una reforma destinada a eliminar los fondos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Esta legislación, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo la extinción de 13 de los 14 fideicomisos, que comprenden fondos relacionados con asuntos laborales y de seguridad social, con un valor total de 15,000 millones de pesos (equivalentes a unos 800 millones de dólares). Una vez retirados, el Gobierno de AMLO planea asignar estos recursos a programas de índole social.
El Gobierno mexicano argumenta que esta medida es necesaria para eliminar diversos «privilegios» que, según su perspectiva, solo benefician a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes reciben salarios mensuales de hasta 700,000 pesos, lo que equivale a 38,000 dólares.
De acuerdo con el Ejecutivo, a través de estos 13 fideicomisos se financian pensiones adicionales para altos funcionarios, planes de beneficios médicos privados y el mantenimiento de las residencias de magistrados y jueces. Por su parte, el senador oficialista Ovidio Peralta ha criticado el aumento de los recursos en estos fondos, pasando de 8,700 millones de pesos en 2013 a 21,500 millones de pesos en 2023.
La Dra. Laurence Pantin, de México Evalúa, un centro de análisis y pensamiento, sostiene que, específicamente, solo once magistrados estarían recibiendo sueldos excesivamente elevados. Ella señala: «El presidente no es partidario de contrapesos». Pantin coordina el Programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa y añade que «los argumentos de López Obrador no son sostenibles, en particular en lo que respecta a la cuestión de los salarios».
