CIUDAD DE MÉXICO.- México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Desde el año 2.000, alrededor de 150 trabajadores de prensa han sido asesinados. La mayoría de estos crímenes están impunes, por lo que la sociedad civil pretende llevarlos a la Corte Penal Internacional.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica presentaron una denuncia ante la Corte Internacional (CPI) por los periodistas asesinados en México entre los años 2006 y 2018, según explicó Christophe Deloire, secretario general de RSF.

Deloire se reunió con el subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno federal, Alejandro Encinas, para comunicarle oficialmente acerca de la presentación de esta denuncia, aunque originalmente tenían previsto reunirse con el presidente de ña República, Andrés Manuel López Obrador.

RSF solicitó ese día al Gobierno de Obrador que acompañe la denuncia presentada por esta organización ante la CPI, para que sea aceptada e investigada sin miramientos.

Encinas reconoció públicamente que la seguridad para los periodistas ha fallado y que será revisado por la Auditoria Superior de la Federación en conjunto con la oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La Corte Penal Internacional es un órgano que puede actuar ante crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad o agresión, siempre y cuando la Justicia del Estado donde se cometieron los hechos no pueda, se niegue a hacerlo o se hayan agotado las vías internas. La CPI juzga a personas físicas no jurídicas.

El tribunal, con sede en La Haya, actúa así bajo el principio de complementaridad. El fiscal puede actuar e iniciar una investigación al respecto de un caso. También lo puede remitir al Estado parte, México ratificó en 2005 el Estatuto de la Corte el Consejo de Seguridad de Naciones Unidos.