LA PAZ.— La emergencia económica y social en Bolivia ya es oficial. El presidente Rodrigo Paz decretó este miércoles un paquete de medidas estructurales que marca un giro histórico en la política económica del país, tras casi dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

El anuncio incluye la eliminación del subsidio al combustible, la fijación de nuevos precios de los hidrocarburos y un aumento del salario mínimo del 20% a partir de enero de 2026.

El mandatario justificó las decisiones por la fuerte caída de las reservas internacionales, la escasez de dólares y el deterioro de las finanzas públicas, un escenario que atribuyó de forma directa a la gestión de su antecesor, Luis Arce, actualmente encarcelado. Según Paz, Bolivia fue dejada “sin reservas, sin dólares y con un Estado convertido en botín”.

La declaración de emergencia económica y social fue comunicada a través de la red social X. Allí, el presidente defendió la retirada del subsidio al combustible como una medida “difícil pero necesaria” para garantizar el abastecimiento energético y frenar la sangría de reservas. El objetivo, sostuvo, es un “sinceramiento de los precios de los hidrocarburos” que permita ordenar las cuentas públicas y estabilizar al Estado.

Paz aclaró que los recursos liberados por la quita del subsidio no quedarán concentrados en el Gobierno central. El 50% será distribuido directamente entre regiones y gobiernos subnacionales, con destino específico a hospitales, escuelas y servicios públicos.

En un discurso a la nación, el presidente rechazó que la medida implique un castigo social. “Quitar subsidios mal diseñados no es castigar al pueblo”, afirmó, y presentó el denominado “Decreto por la Patria” como un punto de inflexión. Para el Gobierno, Bolivia “tocó fondo” y comienza ahora una etapa de reconstrucción.

En el plano social, el Ejecutivo anunció un aumento del salario mínimo del 20%, que llevará el haber mensual a 3.300 bolivianos desde enero de 2026. Además, la renta dignidad para adultos mayores se incrementará hasta los 500 bolivianos mensuales, como parte del esquema de contención social frente al ajuste. Paz insistió en que la prioridad es “proteger el bolsillo de los ciudadanos” mientras se avanza en la estabilización macroeconómica.

El paquete se completa con reformas administrativas orientadas a destrabar la actividad económica. Entre ellas, se implementará el silencio administrativo positivo para evitar que la burocracia paralice inversiones y proyectos productivos. El presidente apuntó contra lo que denominó el “Estado tranca”, responsable —según su diagnóstico— de ahogar la iniciativa privada.

En materia fiscal, el Gobierno habilitará un régimen de repatriación de capitales con impuesto del 0% para quienes inviertan en Bolivia y destinen esos fondos a la producción. La batería de medidas inaugura una nueva etapa económica, con un ajuste profundo, un discurso de ruptura con el modelo anterior y una apuesta explícita por recomponer el Estado y atraer inversión.