LA PAZ — En medio de una creciente escasez de productos básicos y una inflación que alcanzó máximos históricos, Bolivia atraviesa su momento económico y político más delicado en más de una década. A pocos meses de las elecciones presidenciales, los mercados del país se vacían, el dólar escasea y las calles se llenan de protestas.

Cada madrugada, largas filas se forman frente a las tiendas estatales en busca de alimentos subsidiados. “Estuve desde las 3 de la mañana para conseguir dos botellas de aceite, y cuando abrieron ya había más de 40 personas”, contó Elizabeth Sánchez, una residente de La Paz. Las restricciones de compra y los altos precios en el mercado informal se han vuelto parte del día a día para millones de bolivianos.

La crisis se remonta a 2023, cuando el Banco Central agotó gran parte de sus reservas internacionales en un intento por sostener la paridad con el dólar. Sin divisas suficientes, las importaciones se desplomaron, lo que derivó en desabastecimiento, inflación acelerada y una fuerte tensión social que se extiende por todo el país. Según cifras oficiales, la inflación anual alcanzó el 18,46% en mayo, pero analistas advierten que el impacto real en los precios podría ser mucho mayor.

El deterioro económico ocurre en un contexto de polarización política creciente. Las protestas, alimentadas por la escasez y los bloqueos en zonas rurales, se ven ahora impulsadas también por la disputa en torno a la eventual candidatura del expresidente Evo Morales, a quien un tribunal le prohibió postularse. En las últimas semanas, las manifestaciones dejaron muertos, estaciones de policía incendiadas y carreteras dinamitadas. En la ciudad minera de Llallagua, el gobierno reportó la muerte de al menos cuatro policías durante enfrentamientos.

La imagen del presidente Luis Arce está en mínimos históricos. Su popularidad cayó al 7,4%, según encuestas recientes. Mientras su partido se fragmenta, figuras opositoras como el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Quiroga lideran la intención de voto, aunque con un electorado dividido.

Para los economistas, la situación refleja el agotamiento del modelo boliviano basado en subsidios generalizados y un Estado fuerte. Las reservas internacionales, que permitieron durante años mantener precios bajos en alimentos y combustibles, hoy apenas alcanzan para cubrir las necesidades básicas del aparato estatal. La producción de gas, principal fuente de divisas en el pasado, se ha desplomado a la mitad respecto de su pico en 2014, y la prometida revolución del litio aún no ha despegado.

“La economía está en una etapa crítica. Si no se corrige el rumbo, no solo habrá más pobreza, sino también un éxodo importante de bolivianos hacia países vecinos”, advirtió Luis Fernando Romero, titular del Colegio de Economistas de Tarija.

El impacto de la crisis golpea todos los frentes: el sistema sanitario no consigue insumos importados, los hospitales suspenden cirugías y la industria farmacéutica denuncia trabas para acceder a dólares oficiales. En el sector privado, la situación no es mejor: desde pequeños talleres hasta grandes compañías industriales reducen personal o paralizan operaciones por falta de insumos o encarecimiento de los costos.

Incluso sectores tradicionalmente resilientes, como el transporte, están en jaque. Filas interminables en las estaciones de servicio y amenazas de huelga por parte de choferes reflejan la creciente desesperación. “Perdí todo un día esperando gasolina y no conseguí. Así no se puede trabajar”, se lamentó Julio Coronel, un taxista paceño.

Aunque Bolivia aún está lejos de las cifras hiperinflacionarias de Venezuela o Argentina, la velocidad del deterioro ha sido vertiginosa. Después de años de estabilidad y bajos precios, el país andino se encuentra al borde de un colapso económico, mientras se avecina una elección clave que podría redefinir su futuro político y económico.