LA PAZ— El Gobierno de Bolivia anunció que liquidará en un plazo de 90 días las empresas públicas con pérdidas, tras una evaluación de 67 entidades estatales en la que identificó a 15 compañías en situación de quiebra técnica, con pérdidas acumuladas equivalentes a unos 329 millones de euros.
La medida forma parte del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado, que asigna a la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) la función de entidad liquidadora, en el marco de un plan de reordenamiento del sector empresarial estatal.
El Ejecutivo busca así corregir el deterioro financiero acumulado en múltiples compañías públicas tras años de operación con resultados deficitarios.
El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, explicó que la OFEP llevará adelante un análisis detallado “empresa por empresa” para determinar cuáles no pueden continuar operando.
El proceso incluirá la revisión de activos, pasivos y patrimonio, considerando que se trata de recursos públicos invertidos a lo largo de las últimas dos décadas. A partir de ese diagnóstico, el Gobierno definirá el cierre o la continuidad de cada entidad.
De las 67 empresas bajo análisis, 15 presentan quiebra técnica, con pérdidas acumuladas de 2.655 millones de bolivianos, equivalentes a unos 329 millones de euros, y un patrimonio neto negativo cercano a 236 millones de euros.
Las compañías afectadas operan en sectores como el textil, azucarero, industrial, metalúrgico y agroalimentario, áreas donde el Estado había ampliado su presencia durante los últimos años.
El ajuste se inscribe en un contexto fiscal exigente. El PGE 2026 proyecta una contracción del 1,28% del Producto Interno Bruto (PIB), una inflación del 14,9% y un déficit público del 9,2%, en un escenario de presión creciente sobre las cuentas públicas.
El presupuesto contempla un volumen total cercano a los 48.000 millones de euros, mientras que el Gobierno atribuye el origen de muchas de estas empresas a la etapa de Evo Morales, cuando se financiaron con ingresos provenientes del sector gasífero en un contexto de altos precios internacionales.
La decisión de avanzar con el cierre de empresas deficitarias apunta a reducir el peso fiscal del sector público empresarial y a reconfigurar su estructura en un escenario económico más restrictivo.
